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En 2017 el derecho a manifestarse le costó la vida a dos personas en Paraguay

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Codehupy exige una investigación exhaustiva de la represión estatal del 31 de marzo, la derogación de la ley 1.066/97 (Ley del Marchódromo) y el cese de la persecución estatal o privada a manifestantes de distintos sectores sociales.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay publicó en diciembre último su Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos 2017, que dedica uno de sus artículos a la violación de los derechos a la reunión, manifestación y asociación.

El artículo se llama “Coacción a organizaciones ciudadanas y graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones” y arranca señalando que estos son derechos fundamentales y habilitantes para ejercer otros derechos.

“La manifestación pacífica es el legítimo mecanismo de los ciudadanos y las ciudadanas para el reclamo cuando sienten que sus derechos no son respetados, por lo cual es de vital importancia que se garantice su desarrollo sin coerción ni violencia”, dice.

En 2017 se dieron varias violaciones de los mismos, en la mayoría de los casos por parte de agentes estatales durante represiones y amedrentamientos; y en otros casos causadas por terceros, pero con la complicidad por omisión del Estado “de garantizar el libre desarrollo de la protesta, formando parte del sistema de impunidad que permite la violencia, especialmente en la lucha por la tierra y la lucha estudiantil”.

El artículo analiza la represión del 31 de marzo/1 de abril contra manifestantes que se oponían a la enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial y durante la cual el joven Rodrigo Quintana (25) fue asesinado por la policía durante un atraco irregular al local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Registra además la represión y coerción estatal a la marcha campesina de 40 días que exigía medidas económicas de emergencia para la producción campesina, y durante la cual la represión estatal aplicó selectiva y discriminativamente la ley 1.066/97 (Ley del Marchódromo), que restringe en lugares y horarios manifestaciones por el centro de Asunción.

Durante esta manifestación, la falta de respuesta del Estado obligó a manifestantes a permanecer en vigilia en Asunción en condiciones de vulnerabilidad, soportando temperaturas extremas, lo que derivó en el deterioro de salud de manifestantes y la muerte por complicaciones de una neumonía del manifestante campesino Ángel Cardozo (39).

También la represión estatal de los derechos a la reunión, manifestación y asociación contra estudiantes secundarios y universitarios (durante tomas de colegios o universidades como el Fernando de la Mora, la Universidad Católica de Asunción o la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas-UNA), asentamientos campesinos (Guahory, San Juan de Puente Kyha), periodistas, dirigentes sindicales (Unicanal, grupo Vierci, docentes, médicos ) que el año pasado fueron reprimidos, criminalizados, despedidos o discriminados…

Una de las violaciones más comunes a lo largo del año y contra distintos actores sociales que reclamaban sus derechos fue la restricción de manifestarse por ciertos lugares de Asunción, como la residencia presidencial de Mburuvicha Róga o la residencia particular del presidente de la República, Horacio Cartes.

Esto afectó directamente a ciudadanos indignados por la represión del 31 de marzo último, estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), ciudadanos que se manifestaban contra la suba de tarifa del servicio de energía eléctrica y al activista civil Paraguayo Cubas y sus seguidores, que no pudieron manifestarse sobre las avenidas Mcal. López o España.

“Ni siquiera la inconstitucional Ley 1.066/97, más conocida como Ley del Marchódromo, prohíbe que una manifestación pase por Mburuvicha Róga o frente a la residencia privada del presidente, como de hecho en la práctica se impide…”, señala el artículo.

El artículo fue escrito por Clara de Iturbe, de la organización Decidamos, que forma parte de la Codehupy.

Entre las recomendaciones dirigidas al Estado paraguayo resaltan la necesidad de derogar la ley 1.066/97; una exhaustiva investigación de la represión estatal del 31 de marzo/1 de abril, incluido el asesinato de Quintana; el cese de imputaciones contra estudiantes que ejercen sus derechos de manifestarse y la investigación minuciosa de denuncias de despidos injustificados y de persecución sindical.

Link de descarga del Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay 2017

http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2017/12/DDHH-2017_Web.pdf

Foto: Gentileza de RTV

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