La CODEHUPY visitó a los avá guaraní que están en conflicto, en un área que es considerada una parte constitutiva del territorio tradicional de este pueblo, en el Distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindejú. Las tierras en cuestión, en la actualidad están tituladas a nombre de terceros, pero hay evidencias que hasta mediados de los años ’80 fue el hábitat tradicional de la Comunidad indígena Tacuara’í.

El accionar de los avá guaraní, estaría expresando la voluntad de reivindicar como propia esas tierras con las cuales los indígenas de este pueblo claramente tienen un vínculo histórico, muy presente aún en su memoria colectiva, según hemos podido saber a partir de las entrevistas realizadas por abogados y defensores de derechos humanos, técnicos especializados en reivindicaciones territoriales indígenas y gente del lugar. También se realizaron entrevistas a policías de la zona.

En este sentido, nos preocupa el anuncio hecho el día de la víspera sobre la existencia de un “acuerdo” para abandonar el área ocupada, presuntamente consentido por los avá guaraní, dado que los principales dirigentes que encabezan la ocupación están con órdenes de captura y los miembros de la comunidad denunciando un nuevo atropello que se habría registrado en la madrugada de este domingo, circunstancia aún sin aclarar.

La denegación estructural de derechos que enfrentan los indígenas en Paraguay se expresa, entre otras cosas, en la situación de pobreza y pobreza extrema en que viven, y suele dar lugar al aprovechamiento del estado de necesidad derivado de dicha condición para imponerles “acuerdos” muchas veces contrarios a sus derechos, favorecidos en algunos casos también por actuaciones impropias de algunos líderes, que se apartan de la representación que tienen para actuar por cuenta propia.

Al respecto, la CODEHUPY ha visto con mucha preocupación el accionar público, que hasta el momento estuvo centrado únicamente en la adopción de medidas orientadas a la protección de la propiedad privada de los particulares, sin considerar los derechos de propiedad indígena a la luz del marco jurídico otorgado por la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos vigente en la materia.

Por otra parte, hemos encontrado como algo inaceptable que el gobierno declinara casi por completo su deber de protección a las personas inmersas en el conflicto, especialmente a aquellas adultas mayores, niños y niñas, quienes fueron expuestas a lo largo de los más de dos meses de ocupación precaria, a circunstancias que de por sí son muy violentas, sin atención médica ni asistencia de orden humanitario alguno.

La CODEHUPY ha constatado la quema de dos casas construidas con elementos tradicionales y ha recibido denuncias que señalan a civiles armados como los perpetrados de la destrucción. Durante el trabajo de campo, del cual también participaron agentes de la pastoral indígena de la iglesia católica, los miembros de la comitiva de defensores de derechos humanos pudo oír disparos de armas de fuego en una zona próxima al lugar donde se encontraban los indígenas.

Dado los grandes intereses económicos vinculados al agro-negocio que rodean el caso Tacuara’í y las características propias de una zona de frontera, la CODEHUPY encuentra indispensable, en primer lugar, disponer la protección efectiva e inmediata de la integridad física de los indígenas, al tiempo de profundizar la investigación de todos los hechos de violencia denunciados, especialmente la desaparición como presunción de homicidio del joven Isidoro Barrios, sin importar la nacionalidad o adscripción étnica de sus eventuales perpetradores.

Por último, en relación a la cuestión territorial, consideramos como medida oportuna auditar la legalidad de todos los títulos de propiedad registrados a favor de extranjeros de origen brasileño en la franja de seguridad fronteriza, al tiempo de realizar la delimitación y demarcación de las tierras indígenas, con base en la ocupación tradicional de las comunidades.

Asunción, noviembre 12 de 2018

Atentamente.

José Paniagua, Coordinador Ejecutivo de Tierraviva, a los Pueblos Indígenas del Chaco.

Salustiana Caballero, Coordinación Ejecutiva del Grupo Sunu de Acción Intercultural.

Enrique Gaska, Coordinador General de la Coordinadora Nacional Pastoral Indígena (Conapi).

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).