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Ernesto Ojeda quien fue Coordinador Ejecutivo de la Federación Nacional de Estudiantes (Fenaes) en el año 2017, será sometido a un Juicio Oral y Público los días 1 y 7 de agosto de 2019 en la Sala de Juicio Oral de la ciudad de Fernando de la Mora.

¿Su crimen? Reclamar la ampliación del presupuesto destinado a Educación para realizar mejoras.

Ernesto, será juzgado por un tribunal ordinario sin preparación y capacitación en derechos, y específicamente en derechos de los niños, niñas y adolescentes.  pese a que nuestra Código de la Niñez establece que deben ser un tribunal colegiado de la adolescencia, a esto se suma que tampoco la agente fiscal es especializada para intervenir en causas de adolescentes en conflicto con la ley.

Ernesto Ojeda, junto a sus compañeros y compañeras decidieron tomar el Colegio Fernando de la Mora de la ciudad que lleva el mismo nombre en el mes de septiembre del año 2017. El motivo que movió a los estudiantes a tomar esta postura, fue el hartazgo de las múltiples falencias en materia de educación en el país.

Los estudiantes reclamaban la ampliación del presupuesto destinado a educación para realizar mejoras en los bachilleratos técnicos, infraestructura, nutrición escolar y otros insumos. “No queremos techos que caigan sobre nuestras cabezas”, había dicho Ojeda en una ocasión. Si bien, gracias a esta protesta, lograron su objetivo, pues el gobierno de aquel entonces decidió realizar una adenda para el presupuesto 2018 y cumplir así con los reclamos de los estudiantes, Ernesto Ojeda fue acusado por Coacción, resistencia, privación de la libertad y coacción grave.

El joven fue acusado por resistirse a que efectivos policiales le revisaran la mochila, también de supuestamente retener en contra de su voluntad al sereno de la institución, quien se contradijo durante su declaración, posteriormente la defensa confirmó que esta persona vivía en el lugar desde hace muchos años y contaba con un teléfono celular, de haber estado secuestrado, podría haber utilizado su celular para pedir ayuda. Todas las acusaciones provenían de actas de procedimientos realizadas por los efectivos policiales.

Gustavo Yegros, el fiscal de la causa de aquel entonces, solicitó la prisión preventiva para el estudiante, sin embargo, la juez de la niñez y la adolescencia consideró que la acusación fiscal no tenía sustento suficiente y otorgó libertad ambulatoria para el joven, prohibiéndole salir de su domicilio en horas de la noche, ni salir del país.

Este mismo fiscal a la fecha está procesado por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución penal y asociación criminal, tras supuestamente exigir una coima de US$ 20.000 durante un allanamiento en la ciudad de Presidente Franco.

Claramente, este caso, donde nuevamente un estudiante secundario es criminalizado por la justicia paraguaya es parte de un plan sistemático de persecución al movimiento estudiantil que se moviliza en reclamo de una educación de calidad. Con esta medida se busca dilatar la lucha estudiantil, mantenerlos callados para que no atenten contra el modelo de precarización en la que está sometida la educación. Además, castigan al joven por ejercer su derecho a la protesta, una práctica del Ministerio Público que cada día se intensifica con encarcelamientos, persecuciones, represiones, siendo que, el derecho a protestar debería estar garantizado por el Estado pues es derecho ciudadano de rango constitucional.

La lucha estudiantil es un gigante en potencia, que es reprimido y criminalizado para evitar reivindicaciones justas en materia de educación que es, un derecho humano.

Por lo tanto, ante tremenda injusticia, exigimos a la justicia paraguaya la absolución de Ernesto Ojeda de manera inmediata.