Los sucesos de Yby Yaú, al igual que otros también protagonizados por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el pasado, presentan características inquietantes de un nuevo crimen de Estado, esta vez con dos niñas asesinadas, quienes habrían tenido apenas 11 y 12 años, presentadas como partícipes de un supuesto enfrentamiento armado.
Además de lo criminal del operativo, resulta inexplicable el apresuramiento por sepultar los cuerpos antes que sean identificados y entregados a sus familiares. Pareciera existir premura por intentar borrar evidencias del terrible suceso.
Asimismo, el acento triunfalista del gobierno, en relación a un hecho que está más cerca de ser caracterizado como terrorismo de Estado, que como un logro en materia de seguridad, es de por sí incompatible con todo principio de derechos humanos.
Además del esclarecimiento completo de estos hechos, es el momento de abrir nuevamente el debate sobre la inconstitucional modificación de Ley de Defensa Nacional y seguridad interna así como el decreto respectivo que instituyen las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Ya demasiado dolor y hechos punibles se le atribuyen, que se evidencian muy desvirtuada de los fines para los que fue creada.
Lo anterior, porque la muerte de estas niñas, en un escenario y circunstancias que según pasan las horas surgen sospechas que habrían sido montados, y la insólita reacción del Ejecutivo, no son más que la prueba palpable de la más vil podredumbre que suman a las demandas de, al menos, revisar la propia existencia de las Fuerzas de Tareas Conjuntas.
