Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), calificó como un grave atentado contra la libertad de expresión y contra las garantías del libre ejercicio del periodismo el caso de espionaje de parte de militares contra una periodista de ABC Color que se encontraba investigando hechos de corrupción en la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC).
“Es un hecho sumamente grave, un atentado contra la libertad de expresión y contra las garantías del libre ejercicio del periodismo consagradas en la Constitución Nacional. Al mismo tiempo aporta un indicio más sobre la vigencia de un terrorismo de Estado que nos retrotrae a lo más oscuro de las tiranías militares. No podemos tolerar este tipo de prácticas que en otros países han acabado incluso con colegas asesinados, además de las persecuciones y hostigamientos”, afirmó Ortiz.
La organización Tecnología, Educación, Desarrollo, Investigación y Comunicación (Tedic) ya había advertido en varias ocasiones que la compra del programa informático espía Finfisher de parte del gobierno paraguayo podría prestarse a “prácticas peligrosas y violatorias de derechos fundamentales”. Además de escuchas telefónicas, Tedic señalaba en un informe de principios de este año que los organismos de inteligencia ya cuentan con instrumentos para encender de forma remota teléfonos celulares que se encuentran apagados, interceptar videollamadas realizadas por Skype y reconocer la escritura de teclado.
La abogada Maricarmen Sequera había manifestado al respecto que el Gobierno debe informar sobre los procesos penales y actividades de inteligencia que llevan a cabo para salvaguardar la transparencia y efectiva rendición de cuentas. Además, observó que el Estado está obligado a garantizar que las actividades de vigilancia no vulneren las libertades personales y los principios constitucionales que deben primar en una democracia.
En efecto, durante el último Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el Estado paraguayo se comprometió a asegurar que las operaciones de los organismos de inteligencia sean supervisadas por mecanismos independientes de control para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido el gobierno paraguayo aseguró que las actividades de vigilancia se rigen por disposiciones nacionales e internacionales que garantizan el respeto de los derechos de los ciudadanos y sus libertades fundamentales.
Además, se comprometió a luchar contra las violaciones de derechos humanos de las que son víctimas los y las periodistas en el ejercicio de su trabajo, como las agresiones, hostigamiento de parte de las fuerzas de seguridad e incluso el asesinato. El Estado también aseguró que protegerá la libertad de expresión y que dará carácter prioritario al enjuiciamiento de los crímenes cometidos contra periodistas para que estos puedan llevar a cabo su labor sin amenazas de violencia o represalias.
Foto: Paraguay.com
