El 3 de junio vence el plazo de investigación del Ministerio Público en el caso de las defensoras criminalizadas por defender su comunidad de las fumigaciones con agrotóxicos, y debe presentar la conclusión de su investigación. Teniendo en cuenta, que en estos seis meses de investigación el Ministerio Público no ha recolectado elementos probatorios suficientes que pueda sostener su acusación, exigimos el sobreseimiento definitivo de éstas mujeres.
Posterior a la reunión mantenida por las Abogadas de CODEHUPY con el Director de Gabinete del Ministerio Público, el Abg. Ariel Ojeda, a la fecha se maneja la información de que ya se ha dispuesto la auditoría de gestión y se ha asignado de manera provisoria la investigación penal a cargo de Norma Ortiz Garceta, Agente Fiscal de la cuidad de Coronel Oviedo.
Este es un caso de criminalización contra defensoras del medio ambiente, quienes vienen denunciando desde hace 5 años que en la comunidad de Mariscal López, distrito de Capiibary, se realizan fumigaciones con agrotóxicos a escasos metros de los centros educativos y sanitarios, como también de los causes hídricos de la zona. Esto genera el desplazamiento de las familias de sus hogares, genera enfermedades en las personas y animales.
Esta situación es inviable en todo sentido, y más aún porque desde el año 2017 Capiibary cuenta con una resolución municipal que prohíbe la fumigación con agrotóxicos y protege la agricultura familiar campesina; esto se logró gracias a la lucha realizada por los pobladores y las pobladoras, sin embargo, dicha normativa es pisoteada por los promotores del agronegocio que avanzan sobre los territorios campesinos al costo que sea.
El Ministerio Público lejos de procesar a las personas que violan las normativas ambientales, imputa y criminaliza a los defensores y defensoras quienes exigen que el Estado les garantice su derecho a un ambiente sano.
