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Expusieron denuncias sobre abusos de militares en el Norte

Posted on 18 octubre, 20167 julio, 2019

En audiencia pública víctimas de la Fuerza de Tarea Conjunta pidieron la derogación de la ley de militarización.

En la mañana de este martes 17 de octubre, en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, se llevó a cabo la audiencia pública sobre el Proyecto de Ley que deroga las modificaciones a la ley N° 1337/99 de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Estuvieron presentes el proyectista, senador Pedro Arthuro Santacruz, el senador Adolfo Ferreiro, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales; el senador Hugo Richer, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los senadores Fernando Lugo Méndez, Sixto Pereira, Miguel López Perito, Esperanza Martínez y Enrique Bachetta.

a audiencia contó con la presencia de representantes de la sociedad civil en general y representantes de municipios del departamento de Concepción y San Pedro. Así mismo, estuvieron representantes del Ministerio de Defensa, organizaciones sociales y campesinas.

El senador Santacruz sostuvo que el proyecto de derogación de la ley de militarización es debido a su inconstitucional y algunas de sus implicancias son la falta de conducción civil y responsabilidad política, y la anulación del control del Congreso Nacional, que no supervisa el uso del presupuesto.

En tanto, el senador Adolfo Ferreiro dijo que esta situación afecta a intereses superiores de la Nación, afecta los derechos humanos y la eficacia de las instituciones ante los graves problemas que aquejan al país. Añadió que el problema real no es solo la necesidad de derogar una ley, sino la existencia de un gobierno contaminado por la delincuencia y el crimen

A su turno, el senador Hugo Richer expresó que el Estado asume características terroristas al permitir violación de derechos humanos de la gente e instó a propiciar un debate que fortalezca al Estado de derecho y la democracia.

Entre las personas que vinieron de la zona Norte del país para exponer sus casos, Jazmín Morales Martínez, hermana de Víctor y Gregorio Morales Martínez (capturados el 18 de enero de 2016 por ser considerados apoyo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dijo que el ministro del Interior, Francisco de Vargas, mintió sobre la supuesta implicancia de sus hermanos con las actividades del EPP y señaló que el único pecado de los Morales Martínez es la lucha por la causa social. Recordó que sus hermanos están presos desde hace nueve meses y que no han tenido la oportunidad de acceder al debido proceso. “No somos guerrilleros ni terroristas, al contrario, luchamos por nuestra sobrevivencia”, expresó.

Por otro lado, Adelfa Gómez, víctima de la dictadura stronista, denunció que desde niña sufrió abuso psicológico emocional, ya que su padre fue perseguido por formar parte de una organización cristiana. Ella denunció este caso y por este motivo ahora es perseguida también, ya que se la acusa de ser miembro del EPP. “En la época de Stroessner tenía mucho miedo de la policía, y hasta hoy sigo teniendo miedo, porque pienso que en cualquier momento pueden venir a llevarme a mí o a mi familia para maltratarnos”, manifestó.

Posteriormente, Ramón Denis denunció que el 6 de setiembre de 2013 irrumpieron en su vivienda un grupo de militares, que lo torturaron durante 45 minutos, situación que ha dejado muchas secuelas en él. A pesar de la denuncia presentada, su causa no ha tenido ningún avance, por lo que pidió a los senadores que tengan compasión por los habitantes de la zona Norte y deroguen esta ley.

Hacia el cierre de la actividad, el senador Richer dijo que todos los reclamos y testimonios serán arrimados durante el tratamiento del proyecto de derogación de la ley de militarización. Lamentó que las denuncias de las víctimas no sean mediatizadas y que el ocultamiento de la información es un peligro para el Estado de derecho y para la democracia. Por último, afirmó que es mentira cuando se dice que tenemos un Estado ausente, puesto que el Estado está muy presente para defender los intereses de los latifundistas, de los grupos económicos poderosos y de los narcotraficantes.

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