En el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que concurrió el Paraguay en enero pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Estado aceptó la recomendación realizada por Liechtenstein de asegurar que las operaciones de los organismos de inteligencia sean supervisadas por mecanismos independientes de control para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. En este sentido el gobierno paraguayo aseguró que las actividades de vigilancia se rigen por disposiciones nacionales e internacionales que garantizan el respecto de los derechos de los ciudadanos y sus libertades fundamentales.
Vidal Acevedo, del Serpaj-Py (organización integrante de la Codehupy), cuestiona la veracidad de las afirmaciones de las autoridades y señala que las acciones de vigilancia y seguridad, sobre todo de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) en el Norte, cometen violaciones permanentes de los derechos humanos. Acevedo sostiene que se oculta información y se justifica la falta de transparencia en nombre de la seguridad nacional. Pone como ejemplo el caso de Julián Ojeda, asesinado por la FTC el 18 de diciembre de 2015 y presentado como apoyo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero que según sus familiares iba de pesca cuando fue abatido por los uniformados, quienes le plantaron armas y ropas camufladas.
Apunta que la falta de transparencia y claridad se inicia con la superposición misma en la cadena de mando. Al ser requeridas por información sobre las circunstancias de muertes dudosas, las autoridades policiales, militares o fiscales no responden o se excusan alegando falta de jurisdicción. Asimismo, las presuntas irregularidades u operativos fallidos de la FTC siempre se ocultan bajo el pretexto de que se trata de información resguardada y sensible para la seguridad nacional, por lo que los ciudadanos y ciudadanas quedan desprotegidos y a merced de las arbitrariedades de los fiscales, militares y policías.
En efecto, la misma conformación de la FTC luego de la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna es inconstitucional, pues la Carta Magna dispone que la seguridad interna es función de la policía mientras que la de los militares es resguardar la soberanía nacional, excepto cuando el Congreso declare el estado de sitio de manera temporal. Pero a pesar de los millonarios recursos y el despliegue de más de 1.000 efectivos para combatir al EPP, el periodo de gobierno de Horacio Cartes fue cuando más cantidad de secuestros se cometieron así como las muertes atribuidas al grupo armado.
Acevedo sostiene que el concepto de seguridad que aplica el gobierno actual se mantiene en el espíritu de la Doctrina de Seguridad Nacional con resabios de un claro Estado dictatorial, donde los policías y militares avasallan los derechos ciudadanos con garantías de impunidad absoluta. Añade que con la FTC se ha instalado un estado de confusión tal que en el Norte ya no se distingue quiénes son policías y quiénes son militares, pues se ha militarizado a la policía y se ha policializado a los militares.
Enfatiza que para los organismos de seguridad prevalece la figura del enemigo interno y el foco se ha instalado en las personas que se organizan para reclamar derechos, empleando figuras como las de “perturbación de la paz pública” y marcos legales como la ley antiterrorista, que se caracteriza por la imprecisión en la demarcación de los hechos de tal suerte que un amplio abanico de cosas pueden ser incluidas discrecionalmente en su campo.
Frente a esta espiral de violencia, Acevedo aboga por una seguridad humana donde todos los derechos sean posibles, como el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y a la tierra con presencia efectiva del Estado y donde lo punitivo sea la excepción y no la regla.
Foto: Centro Informativo Ciudadano
