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Gobierno busca proscribir el disenso político y amedrentar a la ciudadanía mediante la violación del derecho a la protesta social

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El derecho al libre tránsito no es un derecho preferente que necesariamente deba imponerse por encima de los derechos de reunión y manifestación pública, conculcándolos, tal como pretende hacer creer el gobierno. Muy por el contario, la protesta social, que es ejercida mediante la reunión y manifestación pública es consustancial con la libertad de expresión y la democracia misma, por lo que debe ser respetada y garantizada, incluso, limitando temporalmente si fuere necesario el ejercicio de otros derechos.

En este sentido es relevante tener presente que ha sido la protesta social, históricamente, la impulsora de las libertades fundamentales. El derecho a la protesta, en esencia, debe ser entendido como un derecho de las organizaciones sociales, de la oposición política y de los ciudadanos, que encuentran en ella la forma de expresarse y dar a conocer la problemática que experimentan, ya sea para denunciar injusticias o exigir una amplia gama de derechos.

La colisión de derechos en cualquier sociedad es permanente y muchas veces inevitable, en este sentido, la tensión generada entre el libre tránsito y la protesta ya ha sido ampliamente debatida en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, concluyéndose que la obligación que tienen los Estados frente a la protesta es de garantía, es por ello, que el derecho al libre tránsito, puede ceder y ser limitado temporalmente en determinadas ocasiones, y esto es así en razón a la estrecha vinculación que existe entre el ejercicio de la protesta y la vigencia del régimen democrático.

Por tanto, la criminalización como respuesta del Estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, al tiempo de violar otros derechos como la libertad de expresión y reunión, es atentatoria de la democracia misma y tiene por único objetivo la proscripción del disenso político y el amedrentamiento a la ciudadanía.

Asunción, octubre 28 de 2019

Coordinación de Turno: Guillermo Blanco, Decidamos; Nelly Meza, Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP); Juan Sebastián Cabral, Fundación Vencer. Oscar Ayala A., Secretario Ejecutivo.

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