El gobierno paraguayo debe garantizar el ingreso de connacionales varados en el Puente de la Amistad y trasladarlos hasta centros donde puedan guardar la cuarentena en condiciones dignas. Así concluyen abogados y otros miembros de organizaciones sociales puesto que la Constitución Nacional ampara a los y las compatriotas cuya salud y vida están en riesgo al encontrarse en condiciones inhumanas desde hace varios días.
La Constitución Nacional garantiza en su Artículo 41 el derecho de todo paraguayo/a de residir en su patria y de regresar al país después de haber salido. Si bien la restricción al derecho a la circulación es comprensible en estas circunstancias generadas por una pandemia, la medida no puede ser desproporcional y absoluta como lo está siendo en estos momentos para más de un centenar de compatriotas varados en el Puente de la Amistad desde hace varios días.
En este momento, la salud y la vida de estas personas están en riesgo, ya que se encuentran a la intemperie bajo el sol, la lluvia o el frío. “Además, las circunstancias hacen que estas personas estén aglomeradas, sin el cumplimiento de las medidas sanitarias que a todas nos solicitan. Deben ingresar al país, realizar la cuarentena obligatoria y el Estado gestionar los medios para que esto sea posible”, asegura la abogada Julia Cabello, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).
El Estado no puede desentenderse de su responsabilidad sobre lo que pueda ocurrir con la salud y la vida de estos compatriotas a quienes no se les da ninguna alternativa, menciona la abogada. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió recomendaciones que los Estados deben adoptar de forma inmediata en el contexto del Covid19, entre ellas “garantizar el derecho de regreso y la migración de retorno a los Estados y territorios de origen o nacionalidad, a través de acciones de cooperación, intercambio de información y apoyo logístico entre los Estados correspondientes, con atención a los protocolos sanitarios requeridos y considerando de manera particular el derecho de las personas apátridas de retornar a los países de residencia habitual, y garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”.
La mayoría de ellos son personas trabajadoras que se ganaban la vida trabajando en fábricas de Sao Paulo, Brasil, explica Carlos Flecha de la organización Callescuela, que es parte de la Red de Organizaciones de Codehupy y que ha estado mediando para la atención de nuestros compatriotas. Con la crisis generada por el Covid19 muchas fábricas de distintos rubros cerraron y como consecuencia muchos paraguayos y paraguayas perdieron su trabajo y con ello la posibilidad de subsistir, por eso muchas personas ven más factible volver a sus casas a quedarse a morir de hambre o del virus allá, detalla Flecha.
“Ahora mismo está parando todo acá en Brasil, no hay trabajo. Mi situación no es tan complicada como la de muchos paraguayos que viven cerca de acá y que están pasando peor, yo tengo un techo donde vivir por suerte, pero si esto no para pronto vamos a quedarnos en la calle. Pero conozco compatriotas que están pasando bastante mal porque sus patrones ya les echaron de sus casas, no tienen dónde vivir y acá nadie te puede dar nada, no tenés una mano que te ayude lastimosamente”, relata un joven oriundo de Caaguazú pero que desde hace unos meses migró a Sao Paulo para trabajar como costurero.
La experiencia de este compatriota es solo un ejemplo de la vulnerabilidad que atraviesan muchos paraguayos en el exterior, no solamente en Brasil. Todas las vidas son igual de valiosas y el Estado no puede desconocer eso. Además, ante la falta de alternativas por inacción del gobierno, en lugar de generar un ambiente de unidad y solidaridad entre paraguayos y paraguayas, se exacerba un discurso de odio e intolerancia.
Más información:
Julia Cabello, Abogada de CODEHUPY (0982) 344 034
Carlos Flecha, Callescuela (0983) 515 448
