En la tarde del pasado miércoles se realizó una reunión en Mbruruvicha Róga entre integrantes de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), el vicepresidente Juan Afara y el presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas. El objetivo es intentar encontrar una solución a los reclamos de las familias del asentamiento 1° de Marzo, distrito de Yvyrarovana, departamento de Canindeyú. La organización campesina estuvo representada por Severiano Ruiz, Esteban Irala y Diosnel Sachelaridi, con la asistencia jurídica del abogado Alberto Alderete.

Las autoridades presentaron un registro fotográfico del asentamiento y adelantaron que tienen proyectado realizar un relevamiento de la cantidad de familias y personas que viven en la fracción reclamada, un total 4.499 hectáreas que forman parte de la estancia Pindó, de Rainer Bendlin. De acuerdo a los datos proporcionados por los campesinos, las tierras fueron adquiridas irregularmente durante la dictadura, en 1969, por Enrique Bendlin, padre del actual director de Perfecta SA, a cambio de una avioneta. Ambos bienes fueron tasados en 3 millones de guaraníes de la época.

El gobierno prometió que mediaría ante la familia Bendlin para intentar lograr un eventual acuerdo de compraventa con una tarifa social. En caso de que esta vía no prospere, los campesinos exigen la expropiación del inmueble, donde actualmente están asentadas un total de 330 familias que han construido sus viviendas, caminos, pozos de agua, sistema eléctrico, almacenes comunitarios y cultivos de renta y subsistencia, sostuvieron los voceros de la OLT.

Otro de los compromisos asumidos por parte del gobierno es que no se realizaría ningún desalojo mientas duren las conversaciones estableciéndose de esta manera una tregua entre las partes. Las familias campesinas ya fueron víctimas de varios desalojos violentos y anunciaron que resistirían ante cualquier otro intento de ser sacados del lugar. Los campesinos denuncian un constante hostigamiento policial en los retenes y ataques de parte de civiles armados. Por su parte, a mediados del año pasado uniformados manifestaron haber sido atacados a tiros y que incluso estuvieron a punto de ser tomados de rehenes por pobladores del asentamiento, pero que lograron huir atravesando el monte.

La organización también pidió que el Ministerio Público participe de la mesa a fin de solucionar los casos de las personas imputadas por un supuesto ataque armado a la estancia perpetrado en 2015. La OLT niega que sus integrantes hayan participado del asalto denunciado por la agroganadera.

El titular del Indert aseguró que existen instrucciones del presidente Horacio Cartes para solucionar el problema y brindar apoyo al sector campesino.