El pasado viernes 22 de febrero, una comitiva de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) se constituyó en el distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, para realizar el registro de datos sobre la grave situación socioambiental que se vive en la zona.

Específicamente el lugar de conflicto es en la localidad de Mariscal López, dividida en 17 comunidades campesinas, quienes se dedican al cultivo de productos agroecológicos. Denuncian que la soja es cultivada a escasos metros del centro de salud e institución educativa donde acuden más de 100 estudiantes.

Los campesinos y campesinas que defienden a sus familias y a su territorio de la fumigación con agrotóxicos, exigen el cumplimiento de las normativas ambientales locales y nacionales. Pese a todas las acciones realizadas, desde el cierre de calles para impedir el ingreso de productores sojeros, hasta una denuncia presentada en la fiscalía de Coronel Oviedo firmada por la comunidad, ésta situación no ha mejorado.

El intendente de Capiibary, Cesar David González, comentó que desde el año 2017 el municipio cuenta con una resolución que impide el cultivo de la soja dentro de las comunidades campesinas y la fumigación con agrotóxicos.

Sin embargo, está resolución no es respetada por los productores sojeros quienes siguen avanzando con la sojización con el apoyo de un grupo reducido de campesinos, quienes alquilan sus tierras para la producción e incluso, intentan persuadir a otros pobladores de alquilar sus fincas y destinarlas también a la producción sojera.

La criminalización campesina no está ausente en todo este conflicto, un total de 37 personas entre hombres y mujeres, fueron imputadas supuestamente por intento de homicidio y robo agravado, sin embargo, según datos extraídos de la carpeta fiscal, no existen pruebas contundentes contra ninguna de estas personas, incluso, algunas de ellas ni siquiera se encontraban en la zona cuando ocurrieron los supuestos hechos delictivos de lo que son acusados.

Pero la situación social en la localidad es aún peor. Padres de familia, hijos, hermanos, madres, tuvieron que abandonar sus hogares a causa de esta persecución, por lo que sus familiares están pasando por necesidades extremas. En el caso de Elsa Duarte, por ejemplo, con dos niños pequeños y una criatura en edad escolar, su chacra se llenó de yuyales, sus cultivos se echaron a perder y no puede generar ingresos económicos, ni alimentos para sus hijos. Con la voz quebrada manifestó a los representantes de CODEHUPY, que su hija no podrá asistir a la escuela por culpa de esta situación.

Miguelina González, quien se encuentra en la misma situación, denunció que tanto su hijo de 26 años quien es catequista, su padre y hermano tuvieron que huir tras recibir amenazas de imputación. “Una sola vez participé en una reunión de la comisión vecinal, después de eso, vinieron en una patrullera policial a atropellar mi casa, desde esa vez tengo miedo”. Miguelina comentó que los productores de soja invadieron su comunidad, se adueñaron de la iglesia local, y ahora los jóvenes por miedo, ya no asisten a misa.

Otro caso no menor, es la persecución a comunicadores de la zona, y por consiguiente el cierre de la radio comunitaria 97.5 FM Radio Fronterizo, que era utilizada por los pobladores y pobladoras para manifestar sus inquietudes y realizar denuncias sociales. El dueño del inmueble recibió amenazas de allanamiento y su nombre también aparece en la larga lista de imputados.

Es urgente que el Estado atienda a las familias que se encuentran con necesidades extremas y responda las denuncias presentadas por los campesinos y campesinas de la localidad de Mariscal López, que se cumplan las leyes ambientales de la zona, que se respete el derecho a la libre expresión, reunión y organización, que por el miedo generalizado quedaron relegados, y por sobre todo, que se respete la vida de los pobladores y pobladoras.