¿Quienes asumen la responsabilidad de los 12.000 focos de incendio que se registran en estos días? ¿De sus adversas consecuencias en los derechos de la población, su salud y bienestar, en los derechos de la naturaleza misma?
Cielos brumosos por el humo, temperaturas a niveles históricamente altas, aire seco a niveles inauditos por la peor sequía en la historia de la cuenca del Río de la Plata. Esa es la situación que estamos viviendo y que en alguna medida se relativiza intentándose responsabilizar exclusivamente a la ciudadanía, cerrando los ojos a un modelo de crecimiento, basado en el acaparamiento de la tierra, que recurre a prácticas que propician esta situación. La búsqueda de mayor productividad en función estricta del lucro, que incluso recurre sistemáticamente a la quema y otras prácticas, en desmedro del buen vivir de la gran mayoría de la población, se muestra ya insostenible y sus consecuencias a la vista seguirán recrudeciéndose si no se analiza y actúa en función de las evidencias de los actuales procesos del cambio climático, de su crisis.
La destrucción de la totalidad de los montes de la Región Oriental de nuestro país y el sometimiento al mismo destino a los montes y matorrales del Chaco, se presenta como situación derivada de la irresponsabilidad de autoridades, desequilibrios extremos en curso, donde las manos institucionales para la puesta en ejecución de medidas protectoras de los bienes naturales o de las sanciones que la normativa establece se ven muy lentas, muy débiles, o sencillamente ausentes. Esta situación además convierte al país, en el segundo con mayor pérdida de cobertura arbórea en Sudamérica, solamente superado por Brasil
Según información pública con la que contamos, ni tan siquiera las más de 300.000 hectáreas arrasadas por el fuego en el 2019, ha provocado medidas específicas y suficientes de prevención, fiscalización y sanción de las responsabilidades encontradas, lo que podría haber permitido otro escenario este 2020; generando, consecuentemente un escenario igual o peor en la actualidad. Mucho menos, ha implicado acciones de reconstrucción ambiental. En este escenario de alerta a nivel nacional, la ausencia naturalizada del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible resulta alarmante. Ni la pandemia con su consecuente encierro obligatorio logró parar las actividades de deforestación y destrucción.
El Estado pudo prever la destrucción de hoy, ya que tenía las condiciones para anticiparse al problema y diseñar estrategias para afrontarla. La insuficiente y superficial práctica de hacer políticas públicas sobre la base de sucesivas declaraciones de emergencia y no de planes consensuados, científicamente respaldados, jurídica y culturalmente pertinentes, nos está sometiendo más temprano que tarde al extermino irreparable de nuestro ambiente.
Alertamos sobre la grave situación que hoy nos sobrecoge, la vemos, sufrimos y respiramos todos los días. Estamos en situación de emergencia climática. Es hora de poner un punto definitivo a esta historia nefasta. Es momento de visibilizar la dimensión real de esta tragedia, de frenar esta destrucción y de recuperar nuestras estructuras naturales. Exigimos la rendición de cuentas a las autoridades y el cese de la destrucción de nuestra tierra, de nuestro territorio, nuestro país y nuestro mundo.
