Este martes 11 de octubre la Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPy) realizó una manifestación por el centro de la capital a propósito del Día de la Dignidad Indígena, que se conmemora en la fecha en referencia simbólica a la jornada anterior a la llegada de los colonizadores europeos al continente el 12 de octubre de 1492.

La concentración se inició en la Plaza Italia desde las primeras horas de la mañana, donde al son de las danzas tradicionales y las maracas partió la marcha. La primera parada fue ante la Fiscalía General del Estado, donde repudiaron la actuación de los fiscales en el atropello y desalojo de indígenas de sus tierras ancestrales. Dionisio Gómez, de la MAIPy, instó a los indígenas a no debilitarse y a seguir luchando a pesar del difícil momento que están atravesando.

Como uno de los últimos casos paradigmáticos de violación de los derechos indígenas mencionaron el caso de la comunidad avá-guaraní Sauce de Minga Porã, donde el pasado 30 de setiembre fueron desalojados por orden del juez Emilio Gómez Barrios de una zona que constituye su hábitat tradicional. Además de que los policías intervinientes tumbaron y quemaron sus casas, templo y escuela, también destruyeron sus cultivos de subsistencia. Para ello incluso contaron con apoyo del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que proporcionó dos camiones para sacar del lugar a los nativos.

La protesta continuó frente a la sede del Indi, donde se dio lectura a un comunicado. “El Indi no defiende los intereses de los pueblos originarios. Por el contrario, últimamente glorifica el desalojo arbitrario de familias indígenas sobrevivientes en sus territorios ancestrales, como la reciente expulsión acontecida en el Alto Paraná. En este caso particular, repudiamos y condenamos la actitud asumida por el Indi, encabezado por su propio titular, sobre quien hemos perdido absolutamente la confianza”, dice parte del texto.

Por estas y otras actuaciones los manifestantes pidieron la destitución del presidente del Indi, Aldo Saldívar, y que en su reemplazo sea nombrado un indígena que los represente, además de tener participación plena en el gerenciamiento del ente.

A más de la expulsión de sus territorios, denunciaron la destrucción y envenenamiento de sus comunidades, la marginación de los programas sociales de salud, educación, alimentación y vivienda así como el desprecio y discriminación que sufren por ser indígenas. Entre sus reivindicaciones exigen que el 10%  de los royalties y compensaciones de las binacionales Itaipú y Yasyretã sean destinados en un 50% para compra de tierras y 50% para ejecución de proyectos de desarrollo a beneficio de las comunidades indígenas, así como la legalización de las tierras de comunidades urbanas.

La marcha se dirigió posteriormente hasta el Congreso, donde se estaba realizando una reunión entre autoridades de distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil con el fin de intentar encontrar una solución para la comunidad que fue desalojada.

Compromiso de las instituciones

De la reunión participaron representantes de las comisiones de derechos humanos y pueblos indígenas del Senado y Diputados, la Cancillería, el Indi, la Policía Nacional, el Ministerio Público e Itaipú. Ante las consultas realizadas por legisladores, Saldívar respondió que tuvieron conocimiento del desalojo un día antes, por lo que no tuvieron tiempo de realizar ninguna acción para detener el procedimiento y facilitaron los camiones para que los nativos sean trasladados a otras comunidades.

Por su parte, Cristóbal Martínez, uno de los líderes de la comunidad Sauce, denunció que existe restricción de circulación en la zona a raíz de los controles policiales y reclamó el derecho a volver al menos a una parte de sus tierras y recibir un resarcimiento de parte de la Itaipú por el desplazamiento que sufrieron con la construcción de la represa.

De su lado, el representante de Itaipú, Miguel Cardozo, dijo que los indígenas están asentados actualmente al borde de la reserva Limoy y aseguró que no serían desalojados del lugar. También se comprometió a coordinar con las instituciones la solución definitiva al problema y como medida de urgencia proveer ayuda humanitaria a los indígenas.

En representación de la Codehupy participó el secretario ejecutivo, Óscar Ayala Amarilla, quien hizo una presentación sobre el conjunto de derechos vulnerados en este caso, al que calificó como un claro desalojo forzoso, pues se sacó a una comunidad de las tierras que ocupan sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos.