El pasado 1 de marzo se iniciaron las clases en la escuela “Mártires de Marina Kue”, que funciona en el asentamiento que se instaló hace un año y cinco meses en el lugar donde ocurrió la tragedia del 15 de junio de 2012, ubicado en el distrito de Yvy Pytã, departamento de Canindeyú. Los familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty reclaman que las tierras sean destinadas a la reforma agraria en memoria de quienes fallecieron reivindicando la recuperación de unas 2.000 hectáreas de un inmueble público irregularmente explotado por la firma Campos Morombí, propiedad del político colorado Blas N. Riquelme, fallecido pocos meses después de la matanza.

Martina Paredes –hermana de Fermín y Luis Paredes, fallecidos en la masacre– explicó que actualmente se encuentran asentadas en el lugar unas 100 familias. En la escuela asisten cincuenta niños, desde el preescolar hasta el sexto grado, y cuentan con cinco profesores. Relató que con mucho esfuerzo y gracias a la ayuda de personas solidarias con este caso lograron erigir el predio de la escuela, que fue inaugurada el pasado 28 de febrero en un acto en el que participó el sacerdote Francisco de Paula Oliva.

“No fue fácil construir la escuelita en Marina Kue, pero pensando lo que fue el 15 de junio del 2012 pusimos manos a la obra y hoy es una realidad. Muchas gracias a los compañeros y compañeras por acompañar siempre esta causa inolvidable”, expresó Paredes.

El proceso

En julio de 2016 fueron condenados once campesinos y campesinas a penas de entre treinta y cuatro años por los cargos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso consumado y en grado de complicidad para tres mujeres. La condena fue apelada por la defensa. El adolescente RB fue condenado por invasión de inmueble y asociación criminal en un proceso abreviado con suspensión de la pena a cambio de que confesara que brindaba apoyo logístico a los ocupantes, pues fue detenido cuando llevaba comida a su hermano que se encontraba en el campamento.

Entre tanto, fueron sobreseídos Juan Caballero, Marcelo Trinidad y Miguel Correa, quienes fueron imputados y permanecieron presos por haber concurrido al hospital regional a averiguar si entre los muertos y heridos se encontraban heridos o familiares. Resultó igualmente sobreseída la joven Raquel, quien al momento de los hechos era menor de edad, por defectos del proceso como la no realización de la pericia sicológica para determinar su grado de madurez sicosocial, una diligencia obligatoria en el proceso penal adolescente. El sobreseimiento fue apelado por la fiscalía, que insiste en que el estudio sea realizado al inicio del juicio oral para determinar cuál era la madurez de la joven hace cuatro años. También fue sobreseído Felipe Nery Urbina, quien había sido imputado por frustración a la persecución penal a raíz de que al pasar por el lugar vio a una persona herida al costado de la ruta e intentó auxiliarla.

La muerte de los campesinos no fue investigada, puesto que el Ministerio Público sostiene que los once labriegos fallecieron tras la reacción en legítima defensa de los agentes policiales ante el ataque de los ocupantes. Según el escrito de acusación del fiscal Jalil Rachid, los campesinos planearon una emboscada y pusieron como señuelos a las mujeres con niños en sus brazos para tomar desprevenidos a los agentes. La investigación de las denuncias por tortura y ejecuciones arbitrarias no tuvo ningún avance en la Fiscalía de Derechos Humanos, que se excusa de hacer pesquisas sobre las ejecuciones alegando que los homicidios no están en su ámbito de competencia.