A raíz de las revelaciones de prensa relacionadas al manejo delictivo, la instrumentación e injerencia política en el ámbito de la Justicia, protagonizadas por abogados/as, funcionarios/as, fiscales/as y parlamentarios, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresa cuanto sigue:

1. La Codehupy manifiesta su indignación y rechazo hacia el manejo delictivo y de lesa República perpetrado por congresistas, fiscales/as funcionarios/as y abogados/as al servicio de la corrupción y la impunidad, cuyas identidades y modus operandi han quedado en evidencia mediante el crudo testimonio de sus propias voces, registradas en los audios que a granel son publicados, como señal inequívoca de la podredumbre de la Justicia a la cual asistimos indefensos los paraguayos y paraguayas de a pie.
2. En la coyuntura, la Codehupy exige el compromiso definitivo y decidido de quienes realmente quieren favorecer la restauración de una institucionalidad democrática, vulnerada desde diversos ámbitos y de diversos modos durante el año que cierra, exigiendo actuaciones claras y consistentes de la clase dirigente, compatibles con las medidas indispensables que se requieren para acometer un amplio y profundo proceso de depuración política, que contemple en lo inmediato la separación de sus cargos, candidaturas y funciones de todas las personas involucradas en los hechos que enervan el régimen democrático e indignan a la sociedad.
3. En este sentido, la Codehupy considera insostenible la continuidad en el cargo de Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, así como la de los fiscales/as que participan de las conversaciones telefónicas que son de dominio público, en donde se los escucha amañar causas judiciales sin ningún pudor.
4. Asimismo, entendiendo que en este momento es muy difícil esperar de la justicia que tenemos, aquello que no nos puede dar, debido a la corrupción sedimentada que la envuelve, consideramos que hoy, más que nunca, las organizaciones sociales y la ciudadanía, en general, deben salir a las calles a exigir el fin de la corrupción, el castigo de todos los funcionarios y magistrados venales y el inicio de un proceso de depuración y reformas que garanticen un sistema de justicia transparente y respetuoso del debido proceso y los derechos humanos de todos y todas.
5. Por último, dada la gravedad de las denuncias periodísticas en curso y los intereses de diverso orden que son afectados por las mismas, exigimos al gobierno las máximas garantías y protección para los y las periodistas que están divulgando las actuaciones mafiosas de los operadores y operadoras de la rosca corrupta que maneja la justicia, previniendo cualquier riesgo que puedan experimentar.

Asunción, diciembre 27 de 2017

Por la Coordinación de Turno:

Vidal Acevedo, SERPAJ-PY.                     Víctor Bareiro, SEIJA.                        Lila Molinier, Tape’a.

Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.

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