A raíz de las revelaciones de prensa relacionadas al manejo delictivo, la instrumentación e injerencia política en el ámbito de la Justicia, protagonizadas por abogados/as, funcionarios/as, fiscales/as y parlamentarios, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresa cuanto sigue:
- La Codehupy manifiesta su indignación y rechazo hacia el manejo delictivo y de lesa República perpetrado por congresistas, fiscales/as funcionarios/as y abogados/as al servicio de la corrupción y la impunidad, cuyas identidades y modus operandi han quedado en evidencia mediante el crudo testimonio de sus propias voces, registradas en los audios que a granel son publicados, como señal inequívoca de la podredumbre de la Justicia a la cual asistimos indefensos los paraguayos y paraguayas de a pie.
- En la coyuntura, la Codehupy exige el compromiso definitivo y decidido de quienes realmente quieren favorecer la restauración de una institucionalidad democrática, vulnerada desde diversos ámbitos y de diversos modos durante el año que cierra, exigiendo actuaciones claras y consistentes de la clase dirigente, compatibles con las medidas indispensables que se requieren para acometer un amplio y profundo proceso de depuración política, que contemple en lo inmediato la separación de sus cargos, candidaturas y funciones de todas las personas involucradas en los hechos que enervan el régimen democrático e indignan a la sociedad.
- En este sentido, la Codehupy considera insostenible la continuidad en el cargo de Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, así como la de los fiscales/as que participan de las conversaciones telefónicas que son de dominio público, en donde se los escucha amañar causas judiciales sin ningún pudor.
- Asimismo, entendiendo que en este momento es muy difícil esperar de la justicia que tenemos, aquello que no nos puede dar, debido a la corrupción sedimentada que la envuelve, consideramos que hoy, más que nunca, las organizaciones sociales y la ciudadanía, en general, deben salir a las calles a exigir el fin de la corrupción, el castigo de todos los funcionarios y magistrados venales y el inicio de un proceso de depuración y reformas que garanticen un sistema de justicia transparente y respetuoso del debido proceso y los derechos humanos de todos y todas.
- Por último, dada la gravedad de las denuncias periodísticas en curso y los intereses de diverso orden que son afectados por las mismas, exigimos al gobierno las máximas garantías y protección para los y las periodistas que están divulgando las actuaciones mafiosas de los operadores y operadoras de la rosca corrupta que maneja la justicia, previniendo cualquier riesgo que puedan experimentar.
Asunción, diciembre 27 de 2017
Por la Coordinación de Turno:
Vidal Acevedo, SERPAJ-PY. Víctor Bareiro, SEIJA. Lila Molinier, Tape’a.
Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.
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