Este lunes 10 de diciembre, 8 horas, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) hizo público el material, que analiza la situación de diversos derechos en el país, a través de 40 artículos.
La conferencia se realizó en el día internacional de los derechos humanos y cuando se cumplen 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 por las Naciones Unidas.
La presentación fue en el local de la CODEHUPY, en Fulgencio R. Moreno 1048 e/ EE. UU. y Brasil (Asunción).
“Este año el informe analiza transversalmente cómo la corrupción tiene implicancias sobre el sistema de Justicia, la institucionalidad democrática y los derechos humanos”, dijo Óscar Ayala Amarilla, su secretario ejecutivo.
El informe refleja un año de numerosas denuncias de violación de derechos de la niñez; de la mujer; de los pueblos indígenas; de comunidades campesinas; de defensores de derechos humanos; de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI); de personas privadas de libertad; de personas viviendo con VIH; de trabajadores y trabajadoras; y violaciones a los derechos a la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la alimentación.
DOSSIER DE PRENSA
A continuación, exponemos algunos análisis y cifras que trae el informe:
Derecho de las mujeres: En 2013 en Paraguay se cometía un feminicidio cada 15 días, mientras que en 2018 (a octubre) se cometió un feminicidio cada siete días. Pero si consideramos los casos donde hubo intento de feminicidio, pero no se concretó, en 2018 (a octubre) se registró un caso cada dos días.
Derechos de comunidades indígenas: En 2018 se multiplicaron los conflictos entre comunidades indígenas que resisten en sus territorios y actores del modelo agro-exportador en expansión, con situaciones de violencia creciente en las comunidades guaraníes Tekoha Sauce, Itakyry, Jetyty Mirí, Makutinga, ubicadas en los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. La situación más extrema se vivió en la comunidad de Tacuara’i (Canindeyú), con el secuestro de una joven de la comunidad y la muerte y desaparición de otro joven.
Derechos de las personas LGTBI: La realidad de negación de derechos de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales se registró este año a través de distintos hechos: ordenanzas municipales discriminativas; censura de actividades públicas; prohibición en distintas cárceles del derecho de visitas íntimas a mujeres lesbianas; falta de esclarecimiento de crímenes de odio, violencia y discriminación de trans y discriminaciones laborales…
Derecho a la educación: Estuvo marcado por los primeros debates en torno a la transformación del sistema educativo que se propone para 2030, condimentados por el protagonismo que el Estado paraguayo pretende dar al Banco Mundial en el proceso. También en la influencia de sectores religiosos de la sociedad en definiciones estatales relacionadas a la educación integral de la sexualidad (EIS), lo que impide un consenso social a cerca de la escuela como espacio central de erradicación de actitudes y valores que alimentan la creciente violencia de género que registra el país.
Derecho de las personas privadas de libertad: En los últimos 10 años las personas privadas de libertad en el país pasaron de 5.867 a 14.360, como reflejo de las políticas de seguridad donde predomina el enfoque de encierro antes que la atención de las causas estructurales. Esto hace que 9 de cada 10 personas privadas de libertad vivan en superpoblación crítica actualmente.
Derecho a la alimentación: Paraguay camina en el sentido contrario a alcanzar el derecho a la alimentación de la población: con el aumento de personas subalimentadas (11% de la población) y con el aumento de la importación de alimentos y la reducción de la superficie destinada al cultivo de alimentos, realidades relacionadas al modelo económico agroexportador vigente, cuyos voceros aseguran que producen y exportan alimentos para 70 millones de personas del mundo.
Derecho a la Reforma Agraria: La lucha de familias agricultoras de Paraguay por sus derechos relacionados a tierra, economía y cultura se cobró una nueva vida en 2018. María Esther Riveros fue asesinada por sicarios en el marco de un largo conflicto de tierra en la comunidad Puente Kyjha, departamento de Canindeyú, a casi 400 kilómetros al Noreste de Asunción. Ella formaba parte de la comisión de familias sin tierra “Mujer Paraguaya San Juan Poty”. A partir de éste y otros casos más, el informe analiza la agudización de conflictos entre el modelo de agricultura campesina y el modelo agroexportador.
Derechos Sindicales: El informe analiza la debilidad institucional del Estado paraguayo en hacer respetar los derechos de trabajadoras y trabajadores, o incluso la complicidad estatal en situaciones donde las empresas privadas vulneran el derecho a la organización sindical. Especial foco se puso en la ineficacia de la inspección de las condiciones laborales, que cuenta solamente con 26 fiscalizadores en todo el país.
Derechos de niños, niñas y adolescentes: De cada 10 niños, niñas y adolescentes de Paraguay, 4 viven en la pobreza. Esta situación se agrava en los departamentos de San Pedro, Caaguazú, Caazapá y Concepción, donde la cifra sube a 6.
MÁS INFORMACIONES:
Óscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY.
(0971) 284292
Para consultas sobre Educación;
Ramón Corvalán, Coordinador del Equipo Editor.
(0982) 414289
Para consultas sobre Niñez y Adolescencia;
Karina Cuevas, Relatora Niñez y Adolescencia.
(0981) 725278
Mario Barrios, Relator Jurídico.
(0985) 774816
