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La corrupción judicial es un arma letal que atenta contra la democracia

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A raíz de las publicaciones que cobraron estado público en medios masivos de comunicación, sobre el tráfico de influencias en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que involucran al Senador Oscar González Daher, agentes fiscales, un abogado y ex Ministro del Interior, y al secretario del órgano de enjuiciamiento, entre otros, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), expresa cuanto sigue:

  1. Los infames diálogos dados a conocer en los últimos días no sorprenden a nadie y son una muestra cruda de la corrupción que se ha apoderado de la justicia; una constatación de cómo la justicia opera a favor de las mafias; una descripción detallada del modus operandi de dirigentes que provienen de la ciénaga política, tal el caso del Senador Oscar González Daher, que a juzgar por los audios es quien instrumenta a su antojo a fiscales venales, según las conversaciones publicadas.
  2. Preocupados por esta inveterada situación que tiene herida de muerte a la democracia, el pasado 23 de octubre la Codehupy exponía en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la falta de garantías de independencia de la justicia en Paraguay, y sus implicancias en el debido proceso, señalando justamente la instrumentación política de procesos judiciales y actuaciones fiscales, así como la digitación partidista de candidatos/as a la judicatura y el Ministerio Público, como manifestaciones claras de este fenómeno destructor de la República.
  3. Entre tanto, casi sin ninguna reacción significativa de la clase política, el Senador González Daher está nuevamente ubicado en un privilegiado lugar de la lista parlamentaria encabezada por el Presidente Cartes, que le asegurará la continuidad de sus fueros durante la próxima legislatura, en un claro ejemplo de la protección política que recibe de la alta jerarquía colorada, a cargo del Poder Ejecutivo.
  4. Asimismo, la persistencia del sector partidario al que adhiere el citado Senador, en designar como fiscala general del estado a la abogada Sandra Quiñonez, también debe preocupar muy seriamente a toda la sociedad, pues se trata, a la postre, de un intento más por copar los altos cargos de la justicia con personajes títeres que seguirán al servicio de inescrupulosos, listos y listas para recibir los dictados las mafias.
  5. En este sentido, es menester decirlo directamente: si no se actúa en defensa de la institucionalidad de manera clara, sancionando a todos los responsables, en adelante, cualquier fallo o decisión jurisdiccional, así como quienes los pronuncian, estarán bajo la sospecha legítima de la sociedad, cuya ira difícilmente podrá ser contenida en un momento dado. El tráfico de influencia genera la anomalía política actual, ocasionando el desencanto de la ciudadanía con la democracia misma, al ver el atropello cotidiano del derecho y las instituciones de la República.
  6. Por último, así como lo dijéramos en la CIDH, y lo repetimos aquí: La independencia del Juez (o del fiscal/a) hace a la garantía de imparcialidad; y, simétricamente, el juzgamiento en base al derecho, y no en base a las relaciones de poder existentes en la sociedad, hace al debido proceso, sin el cual, los derechos humanos estarán siempre en riesgo.

Asunción, noviembre 16 de 2017

Por la Coordinación de Turno:

Vidal Acevedo, del Serpaj-Py (Servicio Paz y Justicia – Paraguay); Francisco Benítez, de la Red de ONG’S que trabajan VIH/SIDA; y, Victor Bareiro, de SEIJA (Servicio Jurídico Integral para el Desarrollo Agrario).

 

Oscar Ayala Amarilla

Secretario Ejecutivo

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