El pasado 3 de octubre se realizó en Paraguay el III seminario “Mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos”, con la participación de referentes locales y de Colombia, México, Guatemala, Honduras y de instituciones que trabajan el tema en le región.

Uno de los expositores fue Leonardo Díaz, defensor de derechos humanos de Colombia, referente de la organización Somos Defensores, con 20 años de experiencia en el trabajo de protección de personas que cumplen este rol.

Dijo que un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2016 analizó la estigmatización y criminalización del movimiento de derechos humanos en toda América Latina, asoció como uno de los ejes de la violencia a las empresas multinacionales, los agronegocios y los Estados corporativos, que generan permanentes desplazamientos de comunidades.

“Hay que aclarar que la criminalización es un producto del Estado, de cada Estado, quien es quien criminaliza la labor de los defensores de los derechos humanos. Y el informe de la CIDH nos da cuenta de que es un patrón de violencia y de amenazas que está sucediendo en Centroamérica y Sudamérica”, explicó.

En su país, desde que a fines de 2016 se firmaron los acuerdos de paz, fueron asesinados más de 300 personas defensoras de derechos, “por defender la paz, por defender la implementación y  por defender la democracia”.

“Ese proceso de implementación ha sido bastante complejo y la violencia del Estado se ha incrementado, la violencia sociopolítica se ha incrementado en Colombia a partir de la implementación de los acuerdos”, dijo.

Los años de trabajo y experiencia le han demostrado que las medidas estatales individuales son un fracaso, y que hoy altos funcionarios estatales están reconociendo que “estos programas individuales tienen que transformarse en propuestas más colectivas, tienen que ser construidas de la mano con las organizaciones, las comunidades  y los territorios”.

En Colombia, en cambio, han mostrado mejores resultados las medidas de protección y auto-protección de territorios y personas defensoras, como las guardias indígenas, cimarronas (afro-descendientes), campesinas y ambientales, concluyó.