El pasado 23 de abril la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) inauguró le exposición “Desde nuestro rincón de libertad”, que con fotografías y xilograbados da a conocer el caso de los seis campesinos.
Se trata de Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lezcano, Roque Rodríguez y Arístides Vera, dirigentes de organizaciones campesinas presos hace 13 años por un crimen que no cometieron.
Los mismos fueron utilizados como chivo expiatorio por el sistema de seguridad de Paraguay, que necesitaba cubrir su falta de resultados en torno al secuestro y muerte de la joven Cecilia Cubas -hija de un ex presidente de la República- ocurridos entre 2004 y 2005.
“El caso representa una de las mayores injusticias mientras sigan en prisión”, dijo Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la CODEHUPY, durante la inauguración de la muestra.
Fiscales y jueces del caso habrían vulnerado alrededor de 14 derechos y garantías judiciales de los dirigentes sociales durante el proceso.
Violaron el principio de la presunción de inocencia de los campesinos y sus derechos a ser oídos en plazo razonable; a ser oídos por tribunales imparciales; a contar con el suficiente tiempo para la preparación de su defensa y la posibilidad de presentar evidencias.
También, sus derechos relacionados al principio de legalidad y retroactividad; de circulación y residencia; a la protección judicial; a la libertad personal; a la integridad personal; a la libertad de pensamiento y expresión y a la igualdad ante la ley.
Como una muestra de estas irregularidades, desde la imputación hasta la sentencia definitiva, los 6 luchadores sociales estuvieron 11 años y medio en prisión preventiva, en evidente uso de ella como pena anticipada.
Esta sola situación, que superaba los años máximos que una persona acusada puede estar en prisión preventiva y que también sobrepasaba la duración máxima de procesos judiciales, ya eran méritos suficientes para la extinción de la causa y la libertad de los dirigentes.
Los 6 campesinos fueron acusados por el Ministerio Público de decidir, en una reunión de diversos dirigentes sociales, incluyendo referentes del Partido Patria Libre, la muerte de Cecilia Cubas, secuestrada en 2004 y ejecutada en cautiverio en 2005 por bandas delictivas.
Toda la acusación contra los dirigentes campesinos se basó en una endeble, cambiante y contradictoria declaración de un testigo policial pagado, que en el proceso judicial dio una versión de los hechos y ante medios de comunicación, dio otra.
A pesar de que otros testigos, documentos y testimonios desmintieron al testigo policial y mostraron sus contradicciones, la Justicia paraguaya sostuvo irregularmente el proceso hasta lograr condenas de 25 años+10 de medidas de seguridad, sin que en ningún momento existan fundamentos jurídicos que quebraran el estado de inocencia de los campesinos.
Junto con el de Curuguaty, el proceso de los 6 campesinos muestra los extremos de una situación general del sistema judicial de Paraguay, uno de las peores del mundo por sus niveles de corrupción, instrumentación política y violaciones de garantías y derechos.
Este año el caso de los seis luchadores sociales podría mostrar avances en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde fue presentado buscando la libertad de los mismos, como también incidir sobre transformaciones en el sistema de justicia local.
“¿Y si éramos los responsables, por qué no se nos juzgó y condenó conforme a derecho?”, se pregunta Arístides Vera, uno de los dirigentes.
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