Este jueves personas adultas mayores del Bañado Sur realizaron una manifestación exigiendo al Estado el pago de la pensión alimentaria, G. 491.127 al mes, para adultos en situación de pobreza que hayan cumplido los 65 años. Además de ello pidieron acceso gratuito al servicio de salud.
En declaraciones a la prensa sostuvieron que en varias ocasiones firmaron planillas para acceder a los programas sociales estatales, pero que esto no se ha cumplido aún hasta el momento. Por ello exigen que las autoridades encargadas tomen las medidas para ponerse en regla con lo dispuesto en la ley.
En el informe Derechos Humanos en Paraguay 2016, las investigadoras Claudina Zavattiero y Verónica Serafini abordan la problemática que afecta a las personas mayores en un artículo titulado “Envejecimiento, Pobreza y Desigualdad. Un análisis a partir de la desagregación territorial de la población adulta mayor a nivel departamental”.
Como primer punto mencionan que una de cada diez personas en Paraguay es adulta mayor, donde existen grandes desigualdades y brechas al realizar la comparación por departamento. En ciertos departamentos existe mayor concentración de personas adultas pobres y extremadamente pobres, que carecen de acceso a la salud, agua potable y, en definitiva, a una vida digna. En tanto, los programas del gobierno para universalizar el acceso a servicios y derechos sigue siendo muy insuficiente.
“El quintil más pobre (20% de la población adulta mayor de menores ingresos per cápita) tiene un ingreso mensual equivalente a G. 308.686, lo que significa que se ubica por debajo de la línea de pobreza extrema estimada en G. 314.700 a nivel nacional. En otras palabras su ingreso per cápita no alcanza para adquirir una canasta básica de alimentos; mientras que el quintil más rico (20% de la población adulta mayor con mayores ingresos per cápita) tiene un ingreso mensual de G. 4.058.163), equivalente a 13 veces más que el quintil más pobre”, sostienen las autoras.
Respecto a las condiciones de salud, el relevamiento da cuenta de que cerca de la mitad (45%) de las personas adultas mayores se encontraban enfermas o sufrieron accidentes recientes, de los cuales un 15% no tuvo acceso a ningún tipo de atención medida o medicamentos. La media nacional indica que el 60% de la población adulta mayor se encuentra desprotegida sin acceso a seguro social. En zonas rurales como San Pedro, Caaguazú e Itapúa esta cifra se dispara al 80%.
Las autoras subrayan que el envejecimiento de la población multiplica los desafíos en seguridad social, servicios de salud, servicios básicos y combate a la desigualdad. “La evidencia presentada muestra la falta de políticas específicamente dirigidas a la garantía de los derechos de la población adulta mayor. Estas políticas no solo deben ser diseñadas e implementadas a la luz de las necesidades y derechos de las mismas, sino que además deben considerar la urgencia de reducir brechas entre el área rural y urbana y entre los diferentes departamentos del país”, concluyen.
El informe completo está disponible en: http://codehupy.org.py/upload/pdf_bibliotecas/Informe%20derechos%20humanos%202016.pdf