En el escenario de pandemia por COVID-19 una información oportuna, clara, correcta y completa puede marcar la diferencia en cómo afrontamos como sociedad este momento.

Esto nos recuerda que la información es un bien público de las sociedades, amparado por el derecho a la información que tenemos las personas.

En Paraguay actualmente gran parte de la información que recibimos de medios de comunicación masivos es generada en medio del deterioro de las condiciones de trabajo de miles de periodistas, y esto repercute en la calidad de la información que recibimos.

Muchas empresas periodísticas del país aprovechan el escenario actual para profundizar una política que algunas de ellas ya venían aplicando desde hace al menos tres años: el despido masivo de periodistas de forma injustificada.

Entre marzo y mayo más de 100 trabajadores y trabajadoras de prensa fueron despedidos, en su mayoría de forma injustificada, de los medios ABC Color, Última Hora, Telefuturo, Lobo Tv y Canal 13, denunció el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP).

En mayor medida esto recae sobre periodistas que son referentes sindicales, que están por alcanzar la estabilidad laboral o que representan voces críticas al interior de sus empresas.

Muchas de las empresas que despiden gente, al mismo tiempo están adquiriendo y acumulando nuevos medios. En esta lógica, cada vez menos periodistas tienen que “rendir más” en medio de condiciones laborales que, finalmente,  repercuten en la calidad de las noticias que recibimos, es decir, en nuestro derecho a la información.

Esta realidad especialmente se agravó durante la pandemia con periodistas que tienen a su cargo generar noticias relacionadas a salud y otras áreas más demandantes en este escenario.

El SPP además denunció que en algunas de estas empresas periodísticas no se estaba cumpliendo con los protocolos de salud elementales y obligatorios.

La libertad de expresión e información es uno de los temas del Informe Derechos Humanos Paraguay 2019, publicado en diciembre último por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

En el artículo “Libertad de expresión en Paraguay, censura y retrocesos laborales”, Flavia Borja y Pablo Gastón Ortiz analizan que en 2019 se profundizaron las tendencias de años anteriores de despidos masivos; deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores de prensa en el contexto de concentración de medios en pocos propietarios; censura a periodistas que propugnan una mayor pluralidad de pensamiento/opinión; desfinanciamiento de los medios públicos; profundización de una política represiva contra medios comunitarios y la violencia hacia periodistas, especialmente del interior del país, por parte de políticos y sus adherentes.

También señalaron situaciones nuevas como el acoso judicial de políticos a periodistas en torno a denuncias de corrupción; y el condicionamiento empresarial de la compra de espacios publicitarios en los medios de acuerdo a ciertas líneas editoriales.

La mayoría de los despidos que se registraron en 2019 -como los de este año durante la cuarentena-  se caracterizan por violar la normativa laboral vigente (sin previo aviso, sin justificación alguna, sin comunicar a la autoridad estatal encargada…)

Ni el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) ni el Poder Judicial o ninguna otra institución del Estado paraguayo desarrolló acciones en 2019 para garantizar los derechos de trabajadores de prensa y menos aún, proteger los derechos a la expresión y a la información que tiene la sociedad, señala el artículo.

“El MTESS no tiene los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para hacer frente a la enorme demanda de trabajadores que denuncian violaciones de derechos laborales todos los días”, analiza el artículo sobre el año pasado.

Esta descripción tomó proporciones nacionales durante la pandemia, ya no solo para el gremio de trabajadores de prensa, sino para trabajadores de todo el país, que sufrieron de parte de sus empleadores múltiples violaciones de derechos, lo que nos podría llevar a una crisis socioeconómica de no tomar medidas el Estado.

“El MTESS –sigue señalando el material- al ser una instancia meramente administrativa, sin el poder para obligar a la patronal a sentarse siquiera en mesas de diálogo, se convierte en una instancia de burocracia…”.

En el artículo se recomienda al Estado paraguayo: fortalecer el MTESS para que cumpla con sus funciones; impulsar campañas de promoción de derechos laborales y sindicales al interior de las empresas y para la sociedad toda; fortalecer las instancias del MTESS que combaten la desigualdad, el acoso y otras formas de violencia hacia las mujeres en relación a trabajadoras de prensa;  garantizar el cumplimiento de la normativa laboral; sancionar a funcionarios estatales que perpetran hostigamiento y actos de violencia hacia periodistas; aplicar la Ley 5.777/16 cuando se trata de situaciones de violencia hacia periodistas mujeres; invertir en medios públicos y comunitarios; derogar la ley  6.355/19; y ampliar y aplicar estrictamente el protocolo de seguridad de la Policía Nacional (Resolución N° 538) para situaciones donde periodistas corren riesgo a su integridad.

En este enlace puede descargar el artículo “Libertad de expresión en Paraguay, censura y retrocesos laborales” Libertad de Expresión e Información