En la sesión de este jueves el Senado aprobó de manera general y con modificaciones el proyecto de “Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres basada en Asimetrías de Género”, pero postergó el tratamiento por artículos para el jueves de la próxima semana. Ante esta situación, la abogada Mirta Moragas advirtió que es peligroso el aplazamiento del tratamiento en particular, pues en caso de que la sesión no pueda realizarse por falta de quórum o no se llegue al punto el viernes tendría sanción ficta el proyecto de Diputados. Esta versión es muy criticada porque, entre otros puntos, restablece la figura de la conciliación entre la víctima y el agresor, lo cual es rechazado por las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres.
Moragas sostiene que la versión de Diputados representa incluso un retroceso respecto a la Ley 1600/00 sobre violencia doméstica. Precisamente, uno de los puntos más criticados es que en la Cámara Baja se sustituyó el término “prohibición de la conciliación” por el de “promoción”. En este sentido menciona la Convención Interamericana para Prohibir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que los países deben prohibir expresamente la conciliación porque “la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo hincapié en que, hacer este delito negociable o transable parte de la premisa que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, lo cual generalmente no es el caso en el ámbito de la violencia intrafamiliar. Asimismo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) encontró que este desequilibrio de poderes en los acuerdos de conciliación aumenta el riesgo físico y emocional de las mujeres, los acuerdos no son generalmente cumplidos por el agresor y no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí”.
Moragas también subraya la necesidad de restituir las medidas de protección, que fueron eliminadas por los diputados, así como la incorporación de la perspectiva de género. Ello debido a que la violencia tiene un arraigo cultural y se requiere trabajar sobre el aspecto educativo y las construcciones sociales que asignan los “roles”, lo cual a su vez influye en la manera en que se genera y se tolera la violencia hacia las mujeres. Añade que es preciso reconocer la identidad de género, pues en gran medida los asesinatos y la violencia de las mujeres trans proviene del hecho de la consideración de que las mujeres –y todo que representa “lo femenino”– son “menos”.
La abogada enfatiza, asimismo, la necesidad de tipificar el crimen de feminicidio para que pueda operativizarse la aplicación del tipo penal describiendo la conducta a ser castigada. Si bien reconoce la importancia de que a través de la instalación de la figura del feminicidio se visibilice la problemática, contrapone que en estos casos las medidas de prevención resultan de mayor preeminencia, pues el objetivo es que las mujeres sigan viviendo y no solo actuar penalmente luego de hechos consumados. Observa que la principal reivindicación de los movimientos feministas es la libertad, por lo que resulta un contrasentido otorgar mayores poderes punitivos al Estado, más aún cuando resulta previsible que este criterio se aplicará de manera selectiva sobre todo hacia los estratos más empobrecidos. Advierte que incluso esto puede ser una trampa para evadir la solución de los problemas sociales a través de políticas públicas optando por la vía más fácil de castigar penalmente y agrandar las cárceles.
“Si dejamos que el proyecto quede tal cual está en Diputados, seguramente el Estado y parte de los organismos de cooperación internacional podrán marcar una ley más en su check list de logros, pero no habremos avanzado realmente ni medio paso más allá de la Ley 1600. Las herramientas son insuficientes, esta ley no va a modificar la situación de violencia y asesinatos constantes que viven las mujeres en Paraguay, pero no podemos permitirnos retroceder. Nuestras muertas y nuestras sobrevivientes de la violencia se merecen mucho más que esto. Nuestra sociedad, entera, se merece mucho más que esto”, afirma Moragas.
Foto: #PorEllas
