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Líderes campesinos en la lucha por los derechos a la tierra siguen resistiendo en la cárcel

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Arístides Vera camina con confianza por los desorientadores pasillos del penal de Tacumbú, la cárcel más grande de Paraguay. Por el camino, el hombre canoso y robusto se detiene con frecuencia, ya que, con entusiasmo otros presos le saludan con cálidos abrazos y apretones de mano.

Al llegar al patio donde tiene una pequeña cantina—todo debe ser comprado y vendido en Tacumbú—Vera abre la puerta de la pieza minúscula donde vive y entra. Pocos segundos después, conversando en guaraní—uno de los dos idiomas oficiales de Paraguay—otros tres hombres se incorporan: Agustín Acosta, Simeón Bordón y Basiliano Cardozo.

Estos hombres, ahora sentados en la cama, forman parte de un grupo de seis líderes campesinos de distintas regiones de Paraguay sentenciados a 25 años de cárcel más otros diez como “medida de seguridad”.

Juntos con Gustavo Lezcano y Roque Rodríguez, los dos miembros del grupo que no están presentes, los hombres fueron condenados por supuesta participación en un crimen que sacudió al Paraguay en 2004-2005: el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del expresidente Raúl Cubas Grau (1998-1999).

Desde que se les detuvo en mayo de 2006, los líderes del movimiento campesino no han dejado de clamar su inocencia.

“No se ha encontrado nada en contra nuestro en términos de prueba. Han fabricado testigos, evidencias, tratados de extradición”, Dijo Vera durante una entrevista en la cárcel.

Los otros tres líderes asientan con la cabeza. Escuchan atentamente y alzan la mano para pedir la palabra: eligen sus palabras cuidadosamente.

“Es una condena política”, continúa Vera. “Una condena que sirve de ejemplo para que a nadie más se le ocurra enseñarle al pueblo la realidad como nosotros lo hicimos”.

Arístides Vera. Foto de Santi Carneri.

Importantes organizaciones de derechos humanos respaldan a los seis hombres que dicen ser presos políticos cuyos derechos más básicos han sido pisoteados.

Una historia de injusticia

Cecilia Cubas fue secuestrada cerca de su casa en la ciudad de San Lorenzo en septiembre de 2004. Tras meses de comunicación esporádica entre sus captores y su familia, su cuerpo fue descubierto enterrado en el patio de una casa en la ciudad de Ñemby en febrero de 2005.

Inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo, el entonces presidente Nicanor Duarte Frutos, del Partido Colorado (ANR), de tendencia derechista, declaró que miembros del Partido Patria Libre (PPL), partido de izquierda, eran los responsables por el crimen.

“Estén donde estén pronto serán juzgados y condenados”, dijo Duarte Frutos en aquel momento.

El PPL fue objeto de un intenso seguimiento por parte de las autoridades y se presentaron cargos contra los líderes del partido. Esto incluyó a los seis campesinos que ahora están en Tacumbú, quienes–excepto Roque Rodríguez–eran todos miembros del partido. Rodríguez, quien como los demás era un líder dentro del movimiento campesino paraguayo, nunca formó parte del PPL.

Roque Rodríguez. Foto de Santi Carneri.

La Fiscalía sostenía que los campesinos habían estado presentes durante una reunión del PPL durante el cual se decidió el destino de Cubas. Esta acusación se basaba únicamente en el testimonio de un informante policial.

Según el abogado Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), esta evidencia era muy poco fiable e insuficiente.

“Es una persona que ha declarado con relación a los mismos hechos de manera divergente cuando lo hizo ante los medios de comunicación y luego en sede judicial”, dijo Ayala. “Además, está el dato de que es una persona que fue pagada como informante por la policía, por el Estado.

Por lo tanto, no podría ningún tribunal de derecho condenar a una persona con ese solo testimonio sin poder corroborar esos dichos con otro testimonio o con otros medios de prueba”.

A Los Seis, como se les conoce, inicialmente les acusaron de “Omisión de aviso de un hecho punible”. Sin embargo, el caso en su contra era tan débil que un juez no aceptó los pedidos de prisión preventiva.

A pesar de esta decisión, la Fiscalía después cambió la acusación por la de “homicidio doloso, secuestro y asociación criminal”. Aunque no se presentó ninguna evidencia nueva para justificar este cambio, el Tribunal de Apelación aprobó el nuevo cargo.

Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo resultaron gravemente comprometidas la independencia e imparcialidad del sistema judicial en el caso de Los Seis, según Ayala.

“Uno puede ver cómo actores políticos inciden fuertemente en el ámbito de la justicia para obtener determinadas decisiones”, dijo el activista de derechos humanos.

Este trato injusto coincidió con la intención de Duarte Frutos de eliminar el PPL: el presidente había prometido que aniquilaría lo que quedaba de la organización.

El día de hoy, el PPL efectivamente ha desaparecido como fuerza política. Aparece en los medios paraguayos más frecuentemente como consecuencia de los supuestos vínculos entre varios de sus antiguos miembros y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo guerrillero que opera en el noreste del país.

Asilo, hambre y extradición

Frente a esta violación arbitraria de derechos por el estado paraguayo—y temiendo por su vida tras recibir amenazas de muerte—Los Seis siguieron el consejo del embajador argentino en Asunción y viajaron a Buenos Aires en marzo de 2006 a pedir asilo político.

Sin embargo, su pedido de asilo fue negado y fueron encarcelados bajo una orden de captura internacional expedida por el gobierno paraguayo.

Lo que siguió fue una batalla de dos años y medio para tratar de evitar la extradición a Paraguay.

 Simeón Bordón. Foto de Santi Carneri.

A pesar de contar con el apoyo de numerosas organizaciones y actores sociales y políticos argentinos, incluyendo a tres premios Nobel—Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta Menchú and Jose Saramago—y una huelga de hambre de 68 días, se aprobó la extradición en octubre de 2008 bajo una fuerte presión del gobierno paraguayo.

Los Seis temían no recibir un juicio justo en Paraguay, y así pasó. La CODEHUPY calcula que, por lo menos 42 artículos del código penal, la Constitución y varios tratados internacionales fueron violados durante su encarcelamiento y juicio.

Por ejemplo, tuvieron que esperar hasta julio de 2012 para el juicio, lo que representa una violación de la ley paraguaya que estipula que una persona no puede estar en la cárcel durante más de cinco años sin sentencia. El sistema judicial paraguayo se negó a reconocer el tiempo que Los Seis pasaron en el penal argentino, a pesar de que el juez argentino que firmó su extradición había enfatizado este punto.

Cuando por fin empezó el juicio, no se les dio la oportunidad de presentar evidencia en su defensa. No se consideraron los testimonios de los muchos testigos que contradecían la versión del testigo único de la Fiscalía.

Además, el acta de la audiencia se refiere a la información contenida en las sentencias. La CODEHUPY afirma que esto demuestra que las sentencias habían sido escritas incluso antes de que comenzara el juicio. Por lo tanto, el derecho a la presunción de inocencia fue totalmente ignorado.

Para Vera, la violencia con la que el Estado le ha tratado a él y a sus cinco compañeros es una clara indicación de su inocencia:

“¿Si somos los responsables del asesinato, secuestro y entierro, ¿porque no nos condenan según la ley? ¿Por qué recurren a argumentos improbables y a violaciones de derechos?”.

Demonizando la lucha

En la minúscula celda de Vera en Tacumbú, los presos, que llevan 13 años sin libertad, no dudan en insistir que el Estado los ha perseguido por su activismo político y social.

Paraguay, nación con un sector agrícola muy importante, tiene el nivel más elevado de desigualdad de tenencia de la tierra del mundo, según el Banco Mundial. El 2,5% de los propietarios controlan por lo menos el 85% de la tierra. Esta distribución torcida es resultado en gran parte de la corrupción gubernamental y de políticas estatales que han favorecido la acumulación de tierra para la agricultura intensiva.

El sector comercial expulsa continuamente a las familias campesinas de sus tierras hacia los cinturones de pobreza de las ciudades.

Dentro de este contexto, luchar por los derechos campesinos es una tarea de mucho peligro.

Agustín Acosta González. Foto de Santi Carneri.

“El mayor pecado nuestro era educar a los campesinos sobre su realidad”, dice Agustín Acosta.

Los Seis no son los únicos líderes que han sufrido persecución a raíz de su activismo. Se estima que por lo menos 122 líderes campesinos fueron asesinados en Paraguay de 1989 a 2018.

“Nos encarcelaron para demonizar el sector popular que en aquel momento estaba en auge”, dijo Acosta.

Perla Álvarez, lideresa de la Organización de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), está de acuerdo.

“Ellos están allí en un castigo ejemplar para toda la clase trabajadora que pretende organizarse y a través de la organización política disputar el cambio de la sociedad”, dijo. “El secuestro y asesinato de Cecilia Cubas sirvió como excusa para modificar incluso leyes en nuestro país que posibilitaron la mayor represión hacia el movimiento campesino en particular, y hacia el sector popular en general”.

En los años posteriores al caso de Cecilia Cubas, la represión y criminalización del movimiento campesino se ha intensificado.

Por ejemplo, en un juicio en 2016 que la ONU describió como “muy preocupante”, 11 campesinos fueron condenados por el asesinato de seis policías durante la Masacre de Curuguaty. El enfrentamiento entre policías y campesinos en 2012, que llevó a la destitución del presidente progresista Fernando Lugo, también les costó la vida a 11 campesinos. El Estado nunca investigó las muertes de los campesinos. Estos presos políticos eventualmente lograron su libertad en 2018.

La prensa paraguaya, la cual tiene vínculos muy fuertes con la clase política y terrateniente, publica cada vez más artículos que estigmatizan los esfuerzos de campesinos por recuperar tierra y que celebran el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

Mientras que estas medidas han debilitado el movimiento campesino en los últimos años, Álvarez dice que las organizaciones que conforman el movimiento “no han perdido la esperanza y siguen luchando por la libertad de Los Seis y para lograr las metas de las familias campesinas”.

Activismo tras las rejas

Dentro del penal de Tacumbú, Los Seis siguen con sus esfuerzos por empoderar a los más oprimidos.

El hacinamiento extremo y la violencia han convertido a las cárceles paraguayas en espacios crueles y deshumanizadores. Tacumbú, un penal construido para albergar a 1.520 reos, actualmente tiene más de 4.000.

Dentro de la cárcel, cientos de presos que no alcanzan pagar el alquiler de una celda, duermen en camas improvisadas en un patio grande con solo un techo de chapa que les protege. Al mismo tiempo, se ha descubierto que prisioneros ricos—incluyendo a narcotraficantes—viven en celdas “VIP” que cuentan con amplio espacio y lujosos muebles.

En estas circunstancias trágicas, Los Seis enseñan, apoyan las actividades de la iglesia, estudian, mantienen correspondencia frecuente con organizaciones sociales y han publicado libros de sus experiencias y reflexiones

Volver a nuestra tierra

«Desde que pisamos este lugar horrible, nos mantenemos fortalecidos. Pero no somos los mismos que éramos”, dijo Vera. “Hemos sufrido un daño irreparable. Hemos perdido mucho… relaciones con nuestros seres queridos, tierras. Pero seguimos en la lucha.

 

Gustavo Lezcano Espínola. Foto de Santi Carneri.

Más de una década de encarcelamiento no ha podido perturbar la concentración de Los Seis en sus orígenes y el objetivo de su activismo.

“Somos campesinos. Trabajamos la tierra y allí queremos volver”.

Su caso se ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los Seis esperan noticias en Tacumbú para ver si pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se publicó originalmente en inglés en la página Toward Freedom.

 

Nota Gentileza de Willian Costa, periodista internacional.

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