El pasado viernes el secretario ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla, y la abogada Sonia von Leppel se reunieron con el estudiante Matías González, quien fue detenido el pasado domingo 29 de enero durante una manifestación realizada frente a la vivienda del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y que fue liderada por el abogado Paraguayo Cubas. La reunión tuvo por fin evaluar eventuales medidas que podrían tomarse ante el arresto irregular del que fue víctima durante el “rally de pintatas” en que se rociaron con aerosol algunos vehículos.
González denunció que tras ser liberado no le devolvieron sus pertenencias, entre estas su teléfono celular, mochila, cargador, llaves y libros. Según la policía, los artículos fueron remitidos a la fiscalía como elementos de prueba. En el tiempo en que González estuvo detenido no tuvo intervención ningún juez de la niñez y la adolescencia ni la fiscala Stella Maris Cano no le tomó declaración alguna y ordenó su libertad al día siguiente. Además de ello, relató que durante su detención sufrió un constante hostigamiento sicológico de parte de los agentes, que lo amenazaban con “meterme plomo, darme patadas y que me llevarían a Panchito López”, relató.
Durante su detención, entre la Comisaría 14 y la Agrupación Especializada, el joven permaneció incomunicado, pues no se le permitió comunicarse con nadie. La madre del adolescente, Cristina González, relató que al enterarse de los incidentes durante la manifestación se contactó telefónicamente con su hijo, quien la puso al tanto de que fue arrestado. Luego la policía requisó el teléfono y permaneció incomunicado durante el resto de su detención. Informada de que los aprehendidos fueron derivados a la Agrupación Especializada, se dirigió a esta sede policial, donde le dijeron que su hijo no estaba allí y que una persona fue llevada a la Comisaría 14.
Al llegar a esta dependencia –siguiendo el relato de la madre–, los oficiales se rehusaron a brindar información al respecto y aseguraron que no tenían detenido a ningún menor de edad en el lugar. No fue si no hasta el día siguiente, el pasado lunes al mediodía, cuando la señora González pudo establecer contacto nuevamente con su hijo en la sede del Ministerio Público ubicada sobre la calle Nuestra Señora de la Asunción.
Intentamos comunicarnos con los responsables del operativo que prestan servicio en la Comisaría 14, pero se excusaron de brindar declaraciones esgrimiendo que ningún vocero autorizado se encontraba presente. En tanto, la fiscala Cano no respondió las llamadas telefónicas.
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