1. A raíz de los hechos de público conocimiento acaecidos en el Dpto. de Caaguazú, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) expresa su más enérgico rechazo al desalojo forzoso de las familias campesinas de Guahory, que fueron expulsadas de sus casas y tierras de cultivo mediante una acción policial y fiscal el pasado 14 de setiembre, de la que también participaron civiles, sin que un juez se haya pronunciado sobre la procedencia o no del desahucio.
2. El desalojo forzoso y el derribo de viviendas como medida punitiva, tal como se ha observado en Guahory, son prácticas incompatibles con las obligaciones de un Estado democrático y constituyen una grave violación a un conjunto amplio de derechos humanos como la vivienda, la alimentación, el agua y la seguridad en el hogar, agravados en este caso por el sometimiento de las víctimas a tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el procedimiento que arrasó con sus medios de vida, conforme lo han señalado uniforme y consistentemente numerosos testigos de los hechos.
3. El pago recibido por la Policía Nacional, admitido públicamente por uno de los protagonistas de la acción ilegal en Guahory, la utilización de un helicóptero que sería de la Entidad Binacional Yacyretá en la diligencia, así como la injerencia de altos funcionarios y dirigentes políticos allegados al Poder Ejecutivo en la preparación y realización del desalojo forzoso, son un elocuente indicador de la colusión público-privada instrumentada para violar los derechos humanos de numerosas familias campesinas, hoy humilladas y sin garantías de retorno, reubicación ni indemnización.
4. Este accionar corrupto, donde impunemente se logra instrumentar y pervertir las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, mediante el sometimiento de sus agentes fiscales y policiales a los intereses de grupos económicos emparentados políticamente con el Poder Ejecutivo y sus aliados, desconociendo toda obligación estatal en materia de derechos humanos, constituyen, en términos institucionales, un vaciamiento democrático que cada vez se diferencia menos de una dictadura.
5. Finalmente, la Codehupy exige el cese inmediato de todo desalojo forzoso en Guahory y sus alrededores, donde muchas familias más siguen amenazadas, así como en toda la República, exigiendo una indemnización justa para las víctimas, así como un abordaje integral de la situación de la tenencia de la tierra, con base en una política orientada por las obligaciones en derechos humanos y la participación activa de los campesinos y campesinas en la satisfacción de los derechos económicos y sociales de todos y todas.
