Esta semana una nueva agresión contra una persona trans saca a la luz la necesidad de que el Estado impulse el cumplimiento de dichas recomendaciones. El Comité de Derechos Humanos (CDH) recomendó al Estado Paraguayo proteger a las personas trans contra toda forma de discriminación e investigar sistemáticamente los casos de violencia contra ellas.
Una joven trans fue agredida dentro de su propio departamento en la ciudad de San Lorenzo esta semana. Algunos miembros de la Policía Nacional trataron de minimizar el hecho, según la activista Yren Rotela, quien resaltó la necesidad de articular mecanismos de protección eficientes para este tipo de casos.
“Me preocupa la desprotección y la violencia cultural (…) Estamos sumamente expuestas y en peligro, eso es cosa de todos los días y son muy pocas veces las que podemos llegar a visibilizar y denunciar. Muchas veces las compañeras no denuncian porque no creen en la justicia”, explicó.
En esa línea, en 2019 el Comité de Derechos Humanos examinó la situación en Paraguay y luego de su análisis recomendó al Estado que proteja a las personas trans –así como otros grupos vulnerabilizados- contra toda forma de discriminación y también puntualizó la necesidad de investigaciones sistemáticas, con condenas adecuadas para los casos de violencia contra ellas.
“El Estado debe garantizar el derecho de todas las personas, independientemente de su religión, adscripción política, raza/etnia, orientación sexual, identidad/expresión de género y otras muchas razones por las que se discrimina. No debemos permitir que se relativicen derechos ya conquistados”, destaca el artículo “Derechos de las personas LGTBI, discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género”, que forma parte del Informe de Derechos Humanos Paraguay 2019, de la CODEHUPY.
Hasta el cierre del Informe 2019 fueron 61 los casos de asesinatos de personas trans, la mayoría de ellos en impunidad. Sin embargo, el año pasado se abrió también una ventana de esperanza por un mejor sistema judicial, ya que por primera vez se elevó a juicio oral y público uno de estos asesinatos, el de Romina Vargas. En su investigación el Ministerio Público alegó que el odio hacia las personas trans fue una de las motivaciones del autor, quien fue condenado a 25 años de pena privativa de libertad.
Este nuevo caso de agresión reaviva la necesidad de que organismos y estamentos del Estado trabajen para el cumplimiento del Art. 46 de la Constitución Nacional que establece entre otras cosas que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones”, además es urgente la aprobación del Proyecto que Ley contra toda forma de discriminación que se encuentra en el Senado y que los crímenes contra personas trans no queden en la impunidad.
