Una comitiva de organizaciones integrantes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) mantuvo una audiencia en la mañana de este miércoles con el ministro del Interior, Tadeo Rojas. De la reunión, realizada en la sede de la cartera de Estado, participaron Oscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy; Julia Cabello, de Tierraviva; Ramón Corvalán, de Serpaj-Py; Rosalía Vega, de Amnistía Internacional Paraguay, y Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).

En primer término Ayala Amarilla expuso el contenido del informe Derechos Humanos en Paraguay 2016 de la Codehupy, que tuvo entre sus temas del año los desalojos forzosos. Sostuvo que estos están prohibidos por las convenciones internaciones de las que nuestro país es signatario y puso como ejemplo que, incluso existiendo una orden judicial de desahucio, existen instrumentos jurídicos y no se violaría la ley si la ejecución es suspendida hasta tanto las instancias correspondientes, como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) o la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), ofrezcan una solución al problema antes de apelar al uso de la violencia. Acotó que el Estado es uno solo y que el Ministerio del Interior no se puede desentender de las intervenciones policiales derivando la responsabilidad al Poder Judicial o al Ministerio Público, por lo cual es necesario que exista un diálogo entre poderes.

En la misma dirección, Cabello observó que los desalojos encubiertos bajo figuras como la aprehensión de personas sorprendidas en flagrancia invadiendo propiedades colisionan con disposiciones del sistema universal de derechos humanos a los cuales el Estado adhirió. Entre estas mencionó la Observación General No. 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que define los desalojos forzosos como contrarios al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Ello a raíz de que se expulsa a las personas sin ofrecerles medios apropiados de protección legal y privándoles del acceso a las condiciones mínimas necesarias para la vida, pues en este tipo de procedimientos se destruyen viviendas, pertenencias y cultivos de subsistencia, en el caso de las zonas rurales. Añadió que prevalece un excesivo uso de la fuerza y una violencia de la cual han sido víctimas hasta niños con discapacidad y mujeres embarazadas.

Posteriormente, Cabrera se refirió específicamente a los derechos de la niñez y adolescencia vulnerados durante episodios como los de Guahory, donde se destruyeron escuelas y resultaron heridos niños. También aludió a otros procedimientos en los cuales se destruyeron escuelas que fueron construidas por el propio Estado de tal manera que el Estado obró en contra de sí mismo destruyendo un patrimonio público y atentando contra el derecho a la educación.

A su turno, Vega reiteró la preocupación existente por el uso excesivo y desproporcional de la fuerza contra poblaciones en condiciones de vulnerabilidad e instó al secretario de Estado a escuchar y considerar las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil formuladas en sus informes y otros documentos. Al referirse a los desalojos sufridos por comunidades indígenas, sostuvo que la defensa de los derechos comunitarios es un bien que también debe ser protegido como la propiedad privada.

En tanto, Corvalán puntualizó las violaciones al derecho a la educación de los niños y adolescentes cometidas por las fuerzas estatales y operadores de justicia –que en muchos casos están involucrados o avalan la tenencia irregular de tierras– y que los procedimientos oficiales en general están imbuidos por el estado de violencia y conflictividad que prevalece.

“Contaminación política”

El ministro del Interior, por su parte, dijo que la policía solo se limita a cumplir órdenes judiciales y fiscales al tiempo que atribuyó la violencia generada en los operativos a reacciones de los agentes ante la “contaminación política” e intervención de opositores al gobierno que buscan sacar provecho de la situación. Aseveró que coincide en la necesidad de proteger los derechos de la niñez y que existe la voluntad de respetar los derechos humanos. Aseguró que no existe directiva alguna de llevar a cabo acciones violentas, pero sí se reafirmó en la misión de defender la propiedad privada. Al ser abordado por las prácticas propias de la dictadura que sigue aplicando la policía, contestó que uno de los objetivos de su gestión es combatir ese tipo de abusos. Aseguró

Rojas afirmó que antes de emplear la fuerza buscan alternativas y que en el caso de una parte de las familias de Guahory se logró el traslado a otro inmueble. Asimismo, aseguró que varias órdenes de desalojo no se están ejecutando para evitar la violencia. Además, propuso a las organizaciones llevar adelante un trabajo conjunto, puesto que el gobierno es el principal interesado en no proyectar una mala imagen. Atribuyó a tergiversaciones de la prensa la percepción de que las autoridades solo actúan desalojando a paraguayos para defender a brasileños.

Entretanto, el viceministro de seguridad interna, Lorenzo Lezcano, rechazó que la institución realice desalojos forzosos indicando que las intervenciones se ejecutan por mandato judicial o fiscal. Sostuvo que las operaciones no son propiamente desalojos, sino detenciones de personas sorprendidas en comisión flagrante de delitos como invasión de inmueble. No obstante, reconoció que el problema de la tierra existe y que la conflictividad persistirá, por lo cual buscan “humanizar” las actuaciones de las fuerzas públicas. En el mismo sentido se expresó el viceministro de Asuntos Políticos, Ariel Martínez, quien aseguró que no avalarán hechos que atenten contra los derechos humanos.

Por último, el ministro insistió en llevar a cabo un trabajo conjunto con las organizaciones y superar las confrontaciones y acusaciones, tanto de un lado como del otro. Ante esta propuesta, el secretario ejecutivo de la Codehupy planteó la conformación de una mesa técnica de trabajo a fin de armonizar los protocolos de procedimiento o resoluciones que sean contrarios a los principios de la Constitución Nacional y los compromisos asumidos por el Estado paraguayo ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos.