Este viernes 3 de febrero, fecha en que se recuerdan los 28 años de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, representantes de organizaciones de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) mantuvieron en horas de la mañana una reunión con el defensor del Pueblo, Miguel Godoy. Este primer acercamiento tuvo lugar en la sede de la Defensoría y participaron el secretario ejecutivo de la Codehupy, Oscar Ayala Amarilla; Julia Cabello, de Tierraviva; Rosalía Vega, de Amnistía Internacional Paraguay; Antonio Pecci, de la Mesa de Memoria Histórica, y Aníbal Cabrera, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA).
Al inicio de la reunión Ayala Amarilla hizo una presentación general del informe Derechos Humanos en Paraguay 2016, que tuvo entre sus temas del año los desalojos forzosos, e incluyó por primera vez un reporte sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Precisamente sobre estos dos aspectos manifestó su especial preocupación a raíz del aumento de la violencia en los procedimientos policiales y el hostigamiento contra las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos.
Por su parte, Pecci subrayó la necesidad de mejorar la imagen institucional tras el descrédito en que quedó durante la gestión de Manuel Páez Monges, señalado por múltiples irregularidades y hechos de corrupción. Refirió que existen al menos 14.000 expedientes varados de víctimas de la dictadura y recomendó que el Estado cumpla con todas las recomendaciones del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), entre ellas reparar a todas las personas que hayan resultado víctimas del terrorismo de Estado.
Entre tanto, Godoy dijo que su afiliación colorada no afectará su desempeño y que cuidará su futuro político añadiendo que la dejadez y la corrupción no es cuestión de colores y que afecta a todos los partidos. Al mismo tiempo se comprometió a ser un “defensor de la calle”. Entre sus tareas citó, entre otras, la depuración de los planilleros y la asistencia a las familias de la comunidad campesina Guahory, departamento de Caaguazú. El funcionario adelantó que están trabajando en un estudio estadístico de desalojos y que sistematizarán la jurisprudencia para impulsar sumarios contra fiscales que ordenan desalojos, una atribución exclusiva de los juzgados, las más de las veces haciendo arreglos irregulares con los “latifundistas”, según sus propias palabras, que en muchos casos están en posesión de tierras con títulos de dudosa legalidad.
En este sentido Cabello observó que estos procedimientos de desahucio intentan ser legitimados por resoluciones o protocolos que, además de ser de menor rango, son contrarios a la Constitución y las leyes. Agregó que los desalojos solo pueden ser ejecutados tras un juicio ordinario del fuero civil y debe ser controvertido, es decir las personas que podrían ser desalojadas deben participar con derecho a la defensa y debe esclarecerse la situación legal del inmueble en disputa. Pidió también mayor presencia del Estado y coordinar las acciones hacia zonas olvidadas del Chaco donde viven poblaciones en situación de extrema vulnerabilidad.
Por último, el defensor y los representantes de las organizaciones acordaron un trabajo conjunto y mantener reuniones periódicas a fin de ir potenciando la institucionalidad y el respeto de los derechos humanos en Paraguay.
