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En 2018 el Estado paraguayo siguió con su postura de que reconocer los derechos de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales amenazaría derechos de otros sectores de la sociedad, un peligroso mensaje que podría alimentar la violencia.

El año pasado esta concepción estatal, además, se tradujo en restricciones de varios derechos y libertades de personas LGTBI, como los derechos a la salud, la educación, la integridad, la vida,  la justicia y las libertades de expresión y manifestación, tanto por parte del gobierno central como por gobiernos municipales.

Esto resume el artículo “Más sometido que soberano: El Estado paraguayo se cierra a los derechos de las personas LGTBI”, escrito por Rosa Posa Guinea, Carolina Robledo, Airym Sarta, Erwing Augsten y Mariana Sepúlveda para el informe Derechos Humanos Paraguay 2018, editado en diciembre último por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY).

Hasta la entrega de su mandato el gobierno de Horacio Cartes siguió con su política de obstaculizar cualquier avance a favor de los derechos de las personas LGTBI en espacios como el Mercosur, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente actual, Mario Abdo, asumió con la promesa de vetar cualquier proyecto de ley que amenazara la familia compuesta por un hombre y una mujer, lo que presenta como una amenaza a los demás tipos de familias.

El ministro de Educación y Ciencia, Eduardo Petta, terminó por darle cabida a sectores religiosos fundamentalistas en las políticas públicas cuando les prometió protagonismo en el proceso de transformación educativa que vive el país. Además permitió que siguiera en vigencia la resolución 29.664, del gobierno saliente, que prohíbe hablar sobre la perspectiva de género en materiales escolares.

Para 2018 unos 10 gobiernos municipales se habían declarado a favor de la familia tradicional, y muchos de ellos ejercieron una discriminación institucional y restringieron derechos. El ejemplo más vivo se dio en la ciudad de Encarnación, donde el gobierno local prohibió la realización de una marcha de la Coalición LGTBI de Paraguay.

Además el Estado paraguayo siguió violando los pocos mecanismos existentes que buscan mitigar la discriminación, como el reglamento del Ministerio de Justicia que garantiza las visitas íntimas a mujeres lesbianas privadas de libertad; el protocolo del Ministerio de Justicia para personas trans privadas de libertad;  o la resolución del Ministerio de Salud que establece que en las dependencias y servicios de salud se podrá utilizar el nombre de uso social de las personas trans.

Desde el momento en que en el país no existen mecanismos legales o institucionales contra la discriminación y los crímenes motivados por la orientación sexual de las víctimas, la mayoría de los casos no son atendidos, registrados ni esclarecidos, sino más bien invisibilizados,  lo que alimenta un clima de impunidad y justificación.

Cuando se presentan casos, el Estado remite a las víctimas a iniciativas de la sociedad civil como Rohendu, Panambí o el Centro de Consejería y Denuncias VIH y Derechos Humanos, que en 2018 registraron 294 denuncias.

En 2018 se registraron cuatro crímenes de odio contra personas trans, lo que se sumaría a otros 60 asesinatos desde 1989. Un solo caso fue llevado a juicio.