Mientras que la normativa internacional y la evidencia científica recomiendan reducir la población penitenciaria, mediante medidas alternativas a la prisión y políticas públicas que apunten a elevar la justicia social y la igualdad, el Estado paraguayo se enfoca en la construcción de cárceles a fin de aumentar la capacidad de albergue para personas privadas de libertad, y por consecuencia, seguir excluyendo a las poblaciones más vulnerables y
deteriorando profundamente su calidad de vida.
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