La abogada Mirta Moragas opina respecto al proyecto de “ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia”, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que cuando el texto sea tratado en la Cámara de Senadores se deberían subsanar algunas omisiones importantes, especialmente lo referente a las medidas de protección.

En este sentido expresa que, si bien la normativa menciona la aplicación de medidas de protección, se deja librada a la discrecionalidad de los jueces la aplicación de las mismas, pues no se explicitan cuáles son las medidas que se deben aplicar en casos de denuncias de violencia. Algunas de estas medidas contempladas en la ley 1600 son la exclusión del hogar de parte del agresor, la prohibición de acercamiento a la víctima, el acompañamiento policial para retirar las pertenencias de la persona denunciante en caso de que sea esta la que decida dejar el hogar y las prestaciones alimentarias provisionales.

Moragas reconoce la importancia de que a través de la instalación de la figura del feminicidio se visibilice la problemática, pero enfatiza que en estos casos las medidas de prevención resultan de mayor preeminencia, pues el objetivo es que las mujeres sigan viviendo y no solo actuar penalmente a base de hechos consumados. Observa que la principal reivindicación de los movimientos feministas es la libertad, por lo que resulta un contrasentido otorgar mayores poderes punitivos al Estado, más aún cuando resulta previsible que este criterio se aplicará de manera selectiva sobre todo hacia los estratos más empobrecidos. Advierte que incluso esto puede ser una trampa para evadir la solución de los problemas sociales a través de políticas públicas optando por la vía más fácil de castigar penalmente y agrandar las cárceles.

La abogada también lamenta que haya existido poco espacio para la discusión y participación de las organizaciones feministas a fin de que se pueda consensuar un mejor proyecto que prevenga de manera integral todas las formas de violencia contra las mujeres. Entre las principales debilidades del texto aprobado en Diputados cita la persistencia de la figura de la conciliación cuando órganos internacionales han recomendado al Estado la eliminación de esta figura, pues está contraindicado la aplicación de este proceso entre la víctima y el agresor.

“No es la hecatombe, pero tampoco es un avance respecto a lo que ya se había avanzado en la aplicación de medidas de protección”, subraya.

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