El Poder Ejecutivo no puede negar el derecho a la salud a ningún paciente, menos aún sobre la base de cálculos financieros y requisitos administrativos, alegando presunción de “fraude” en la admisión de personas aseguradas que requieren atención médica.
La reciente medida anunciada por el Instituto de Previsión Social (IPS), de restringir el acceso a sus servicios y prestaciones de salud, en opinión de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) deviene incompatible con la obligación de garantizar “a toda persona el nivel más alto posible de salud física y mental” que tiene el Estado.
En efecto, el IPS, en tanto es una entidad de derecho público administrada por el Poder Ejecutivo, no puede negar el derecho a la salud a ningún paciente, menos aún sobre la base de cálculos financieros y requisitos administrativos, alegando presunción de “fraude” en la admisión de personas aseguradas que requieren atención médica. Estos argumentos son, por lejos, inadmisibles e incompatibles con la naturaleza del derecho a la salud y las obligaciones de los agentes estatales que operan el instituto, y un claro indicador del razonamiento gubernamental, carente de toda dimensión humanista y noción de Estado.
Las personas a las que alude la autoridad previsional, que eventualmente ingresan al IPS sin contar con los requisitos formales para ello, sea por la vía que utilicen o consigan hacerlo, no pueden ser sindicadas como perpetradoras de fraude alguno, pues detrás de su accionar no está el deseo de causar daño, sino la intención de ejercer un derecho para salvar, la mayoría de las veces, la vida misma. Son, muy por el contrario, víctimas que deben ser especialmente protegidas de toda prohibición o exclusión de los servicios o prestaciones de salud, garantizándoles todos sus derechos, ante amenazas como las que se vislumbran.
Las acciones de amparo, así como cualquier otro medio utilizado para lograr la atención médica, son herramientas legítimas de exigibilidad, más aún ante un Estado que incumple reiteradamente sus obligaciones y deja al albur de la medicina privada y de una deficiente política de salud pública a gran parte de la población que, desprovista de opciones, incluso se ve obligada a acudir a los servicios médicos de los países vecinos.
Por todo lo afirmado precedentemente, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) rechaza las medidas anunciadas en el IPS e insta, en particular, al Poder Ejecutivo, como administrador general de la República, a detener la política regresiva que observamos en materia de salud pública, asegurando que la atención médica sea para todas las personas, sin discriminación alguna, en todos los servicios.
Asunción, agosto 23 de 2016
Por la Coordinación de turno,
Rosa Posa, AIREANA.
Abel Areco, BASE-IS.
María Noguera, AFAVISEM.
Oscar Ayala, Secretario Ejecutivo.
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