A más de tres años de vigencia de la norma, señalan que la situación de inseguridad ha empeorado y que viven en permanente zozobra por las acciones arbitrarias de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) sufriendo incluso extorsión en los retenes, donde a veces deben pagar un “peaje” a los uniformados para pasar. Asimismo, ante los cuestionamientos sobre la falta de resultados en la lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) muchas veces los uniformados apresan y hasta asesinan a inocentes para justificar su presencia, manifestaron.

El profesor Benjamín Valiente expresó que los atropellos y ataques que sufren las poblaciones campesinas ponen en riesgo no solo la vida, sino la misma cultura campesina, que a raíz de la violencia es desarraigada de sus tierras, lugar donde se desarrolla el teko.

Por todo esto iniciaron una campaña de colecta de firmas a fin de solicitar al Parlamento la derogación de la ley de militarización basándose en la inconstitucionalidad de la ley, el casi nulo resultado de las operaciones militares, el excesivo gasto que implica y las repercusiones de violencia, atropellos, apresamientos y muertes de personas inocentes, expresan en el pedido.

Por su parte, Óscar Ayala, secretario ejecutivo de la Codehupy, señaló que la ley cambia la hipótesis de conflicto y la figura del enemigo, pues la función de los militares es defender la república de agresiones externas, pero con las modificaciones en la normativa se configura un enemigo interno desatando una serie de abusos y arbitrariedades. Esto a raíz de que los militares no están preparados para intervenir en asuntos de seguridad interna porque estos bajan al campo de operaciones exclusivamente para matar. Observó que esta situación se agrava en un contexto en que altas autoridades hacen apología al terrorismo de Estado y exaltan la figura del exdictador Alfredo Stroessner.

En tanto, Juan Martens, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales de Paraguay (Inecip-Py), enfatizó que en el estado de excepción cuando se decide el despliegue de militares el Poder Ejecutivo debe informar al principio y al final cuáles fueron las operaciones realizadas, los logros y cuanto se gastó, pero al tratarse de una cuestión permanente se pierde la transparencia y la rendición de cuentas. De hecho, en la situación actual se obra de manera discrecional bajo el rótulo de “información sensible” que supuestamente puede comprometer la seguridad nacional. Además subrayó que en este estado de guerra, más allá de las cuestiones de estricta seguridad, juegan otros elementos claves como el millonario prepuesto y el comercio de armas y otros elementos bélicos. Mientras tanto, las comunidades deben padecer la falta de caminos, sin mercado ni precios justos para la producción, sin hospitales ni escuelas.