El pasado 7 de enero se cumplieron 14 años del fallecimiento de Silvino Talavera, un niño de 11 años que vivía en el distrito de Pirapey, departamento de Itapúa. Sus familiares relatan que aquella jornada mientras transitaba por un camino de la comunidad fue afectado por la fumigación con glifosato que se estaba realizando en una plantación de soja cercana a su vivienda. Falleció días después tras una dolorosa agonía, sostiene la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas (Conamuri), que emitió un comunicado recordando lo sucedido.
La muerte fue llevada ante los estrados judiciales resultando condenados por homicidio culposo y producción de riesgos comunes los productores de origen alemán Alfredo Laustenlager y Hernán Schlender a una pena de dos años de cárcel. Sin embargo, esta fue suspendida por el juez de ejecución César Daniel Delgadillo, quien impuso medidas alternativas como la limpieza de la escuela, prohibición de beber alcohol y portar armas, adecuar los cultivos a las leyes ambientales, comparecencia trimestral ante el juzgado, prohibición de cambiar de domicilio y de salir del país. Tras apelar la suspensión de la condena, la familia de Talavera denunció amenazas de parte de personas vinculadas a los productores alemanes.
En el pronunciamiento de la Conamuri también señalan que el modo de producción basado en el monocultivo y el uso de paquetes tecnológicos como herbicidas y plaguicidas es responsable del desplazamiento de comunidades campesinas y de conflictos que han costado vidas humanas, citando los casos de la masacre de Curuguaty, Guahory, Laterza Kue, Ko’ê Pyahu, Colonia Barbero, Cristo Rey, entre otros.
“El agronegocio que mató a Silvino en 2003 y a las hermanitas Adela y Adelaida en 2014 en Huber Duré, que provocó una masacre de campesinos y policías en 2012, es también el responsable de la expulsión de los territorios ancestrales indígenas y de la pérdida de la soberanía nacional. Por eso consideramos que las empresas multinacionales que promueven y se enriquecen con el agronegocio son los enemigos de los pueblos”, dice parte del comunicado.
Respecto a citadas hermanas Adela y Adelaida, se trata de las dos niñas fallecidas en la mencionada comunidad del departamento de Canindeyú. Las autoridades descartaron que las muertes hayan tenido relación con intoxicaciones y el forense del Ministerio Público, Pablo Lemir, consignó en su informe que las defunciones fueron provocadas por cuadros de neumonía.
Entretanto, el médico y docente José Luis Insfrán, autor de una investigación que relaciona el aumento de los casos de cáncer con la expansión de transgénicos, había cuestionado la ligereza de las autoridades al descartar la posible vinculación de los agrotóxicos con las muertes.
Insfrán había solicitado los reportes sanitarios al Ministerio de Salud para analizar el caso, pero estos le fueron negados alegando que estaba “judicializado”. Insfrán declaró en su momento que el caso debe ser sometido a una controversia científica y que el diagnóstico de Lemir ignora los aspectos epidemiológicos del hecho puesto que, además de las dos niñas, varios habitantes de la comunidad padecieron síntomas similares y también se registraron mortandad de animales.
Foto: Petrona Villasboa, madre de Silvino, al borde de un cultivo de soja (Gentileza)
