La fuga masiva del penal de Pedro Juan Caballero ha demostrado que el Poder Ejecutivo es incapaz de adoptar disposiciones de derecho interno eficaces, así como de organizar adecuadamente el aparato estatal que administra, para lograr el regular funcionamiento del sistema penitenciario y dar seguridad en las cárceles.

Un largo prontuario de muertes bajo custodia, fugas, liberación de presos e injerencia delictiva y criminal en la gestión pública, ubican a nuestro país con el triste record de ser uno de los más corruptos del mundo y el de una creciente violencia que amenaza severamente a toda la sociedad.

La fuga de 76 personas privadas de libertad, caracterizadas por las autoridades policiales y penitenciarias como “peligrosos miembros” de una organización criminal es un dramático ejemplo de lo afirmado, así como de la corrupción y la displicencia criminal de un Estado que parece haber abdicado ante el crimen organizado en vastos sectores del quehacer gubernamental.

La muerte de Lidia Meza a manos de un prevenido bajo custodia policial en la Agrupación Especializada, la decapitación de 10 presos en la cárcel de San Pedro, el rescate de un procesado por tráfico de drogas y la muerte del Comisario Félix Ferrari durante la emboscada de un grupo armado en la Costanera Norte, son hechos que en menos de un año demuestran la existencia de un patrón de violencia sostenido que tiende a consolidarse, ya sea por la ineficacia de los organismos de seguridad, como por la corrupción de sus agentes.

Ante esto, la fallida fórmula de la militarización sigue siendo la figura anunciada, sin que nadie asuma la responsabilidad política por la improvisación y la falta de una política integral que aborde el grave problema penitenciario, de criminalidad y de corrupción sistémica existente en el aparato estatal.

La política de seguridad penitenciaria no puede limitarse al resguardo perimetral de las cárceles. En esta coyuntura, de lo que se trata es, de acabar con los padrinos políticos y empresariales de las mafias, que a cara descubierta y con total impunidad se siguen presentando a las elecciones.

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Asunción, enero 24 de 2020

Coordinación de Turno: Guillermina Kannonnikoff, Gestión Local; Néstor Vera, Grupo Sunú; y, Juan Sebastián Cabral, Fundación Vencer. Secretario Ejecutivo: Oscar Ayala Amarilla.