La CODEHUPY considera que el pronunciamiento suscripto por el gobierno paraguayo junto al de otros cuatros países el pasado 23 abril, cuestionando el trabajo que realizan los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos constituye una preocupante prolongación de las políticas internas de hostigamiento y estigmatización hacia los defensores de derechos humanos, que en la actualidad es observable en la región con un explícito discurso de criminalización y odio.
En este sentido, la declaración suscripta por Paraguay, junto a Argentina, Brasil, Colombia y Chile, es un documento que delata la verdadera motivación de los gobiernos que la firmaron, desde el momento mismo que el centro de sus preocupaciones no está la protección de los derechos humanos, sino la pretensión de poner límites a las actuaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el consecuente deterioro de la calidad de nuestra democracia en la cual deberían prevalecer los mejores y mayores esfuerzos de elevar la protección de las personas, y aun cuando la obligación de hacerlo sea producto de observaciones y sentencias de estos órganos de control que muchas veces se constituyen en la última esperanza de víctimas de Estados que como el nuestro, tienen un pésimo desarrollo de la justicia y que condenan a sus ciudadanos a ser mendigos de un sistema deficiente de salud, de educación, de violaciones a su libertad, a ser víctimas de una justicia que sólo condena la pobreza y no busca superar la falta de igualdad de oportunidades.
La pretensión de estos gobiernos de ser intocables, renunciando a toda crítica y autocrítica, aun cuando la población exhibe niveles altísimos de pobreza y marginación, resulta, simplemente, inconcebible. El Sistema Interamericano de Protección de derechos Humanos en Paraguay, a través de los 7 casos que cuentan con condena, ha implicado la devolución de tierras usurpadas a indígenas; ha significado que las autoridades puedan ser cuestionadas a través de la libertad de expresión; ha permitido un poco de justicia a una familia cuyo hijo fue asesinado por el Estado; también la obligación de buscar a desaparecidos por la dictadura; o la búsqueda de justicia por la muerte de adolescentes en un incendio criminal. Con esta declaración el Paraguay no hace más que negar estos atroces crímenes de los cuales fue encontrado responsable en el marco de juicios donde pudo presentar su defensa y perdió; dentro de un debido proceso que, lamentablemente, dista mucho de imitar internamente.
Es por ello, que exigimos al Poder Ejecutivo la rectificación de esta inconducente política exterior en materia de derechos humanos, que no es propia de una Estado que está llamado a promover y protegerlos, que tiene la obligación de someterse al control de órganos supranacionales al haber sido incapaz de garantizarlos en sede interna, y que debería, más bien, abocarse de lleno, a cumplir con todas las sentencias de la Corte IDH que están pendientes, y a atender las demás observaciones y recomendaciones de la CIDH y de todos los demás organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, para ganar autoridad y opinar sobre una materia donde aún tiene muchas deudas que honrar.
Asunción, mayo 02 de 2019
Coordinación de Turno: Carolina Robledo, Aireana; Lila Molinier, Tape’a; Julia Cabello, Tierraviva. Oscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo.
