El Ejecutivo aprobó la medida de reparación para el cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el caso del campesino Eulalio Blanco Domínguez, asesinado en el 2003 en Santa Rosa del Aguaray, San Pedro.
En el 2016 el Estado aceptó su responsabilidad en el asesinato del dirigente campesino Eulalio Blanco, ejecutado por la policía en junio de 2003 durante una protesta de cedroneros en el cruce de Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. En la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería se había firmado un preacuerdo de aceptación.
Óscar Ayala Amarilla, secretario ejecutivo de la Codehupy, resaltó en aquella ocasión la voluntad de cerrar el arduo proceso acompañado por la Codehupy para hacer cumplir las medidas de reparación en el caso, pero lamentó que los tiempos de la burocracia estatal no se compadezcan con el derecho de las víctimas. Acotó además, que hasta el mejor de los acuerdos queda corto cuando se trata de la pérdida de una vida humana, haciendo la salvedad de que este tipo de reconocimientos fortalezcan la institucionalidad en materia de derechos humanos y la garantía de no repetición.
A un año de aquel acuerdo, a través del Decreto 8027, el Presidente de la República, Horacio Cartes dio orden a los trámites para el dictamen de Derechos Humanos del 22 de marzo de 2012, en el marco de la comunicación Nº 1828/2008, sin perjuicio de la necesidad de aprobación de las demás medidas de reparación por parte de los representantes de los órganos con autonomía.
Se designó a la vicepresidencia de la República, en su carácter de presidente de la Comisión Interinstitucional Ejecutiva, responsable de la ejecución de acciones necesarias para el cumplimiento de sentencias, recomendaciones, solicitudes y otros compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos. Suscribirá en representación del Poder Ejecutivo el acuerdo sobre medidas de reparación de la comunicación 1828/2008.
Igualmente, el Poder Ejecutivo dispuso que el Ministerio de Hacienda incluya las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la cláusula.
Este organismo concluyó que el Estado paraguayo incumplió su obligación de investigar y recomendó medidas de reparación a favor de los familiares de la víctima. Se discutió con las instancias del Gobierno y se llegó a un acuerdo mediante una reparación económica. Uno de los compromisos es que la Justicia debe reabrir la investigación del caso. Otro tema es la obligación del Estado de legislar sobre ejecuciones arbitrarias a fin de que se puedan brindar garantías y evitar que se repitan otros casos en el país.
Puedes descargar el Decreto 8027 del link adjunto.
