La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) presentará el material Curuguaty Hoy, al cumplirse el séptimo aniversario de la masacre.
Lo presentará en formato documental durante un evento este jueves 13 de junio, 19:30 horas, en la Biblioteca Municipal Augusto Roa Bastos del Centro Cultural Manzana de la Rivera de Asunción. Y en formato de cortos, a través de sus redes sociales desde este 15 de junio.
El material muestra la situación actual de diversas aristas del caso y hace hincapié en las obligaciones pendientes del Estado paraguayo en torno a las tierras de Marina Kue, el esclarecimiento de los hechos, la investigación de ejecuciones extrajudiciales/torturas, el proceso judicial y la indemnización/reparación de personas afectadas.
Luego de la absolución de los campesinos, el tema central a discutir actualmente tiene que ver con las medidas de reparación a las cuales tienen derecho las víctimas directas y sus familiares, dijo Óscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo de la CODEHUPY.
“Y desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, cobran particular importancia la aplicación de medidas de reparación que tengan que ver con garantías de no repetición de hechos similares, en un país donde hace mucho tiempo se vienen produciendo intervenciones estatales violatorias de derechos”, dijo.
El audiovisual gira en torno a una serie de entrevistas con sobrevivientes, familiares, analistas y actores estatales en función de gobierno, e incluye el testimonio de los campesinos y campesinas que estuvieron en prisión.
El material fue elaborado con el apoyo de Oxfam en Paraguay.
ANTECEDENTES
El 15 de junio de 2012 el Estado paraguayo realizó un desalojo irregular en las tierras conocidas como Marina Kue, a más de 300 kilómetros al Noreste de Asunción, que terminó en la muerte de 11 campesinos y 6 policías.
En el momento del operativo, existían dos procesos judiciales abiertos y sin resolver entre Blas N. Riquelme, empresario y político que se atribuía las tierras, e instituciones del Estado que intentaban demostrar que las tierras eran de su propiedad (Instituto de la Tierra y Procuraduría General de la República).
El episodio representa una de las crisis más grandes de derechos humanos en las últimas décadas, e impactó en la calidad de la democracia de Paraguay.
A la masacre, le siguió la destitución controversial del entonces presidente de la República, Fernando Lugo, y un proceso judicial que, para justificar los hechos políticos, vulneró todo tipo de derechos y garantías de los campesinos y campesinas acusados.
Tanto la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, emitieron observaciones y requerimientos al Estado paraguayo que siguen pendientes de cumplimiento.
Todas ellas tienen relación con el esclarecimiento de los sucesos y la investigación oficial del caso, en torno a lo cual estos organismos pidieron a Paraguay, concretamente, conformar una comisión independiente de investigación de los hechos, que incluya la investigación de la actuación de fiscales y jueces involucrados en el caso.
MÁS INFORMACIONES:
-Soledad Aquino, Coordinadora de Comunicación
(0971) 365 000
-Óscar Ayala Amarilla, Secretario Ejecutivo
(0971) 284292
