César Esteban Velázquez, perseguido político y víctima de la dictadura de Alfredo Stroessner, presentará una acción de inconstitucionalidad contra el despedido arbitrario que sufrió en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), según denunció durante una entrevista con el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Oscar Ayala Amarilla. Desde nuestra institución se brindó orientación jurídica sobre los pasos a seguir y el caso ya se encuentra a cargo de la defensora pública en lo laboral María Luisa Valdez.

Tras el cierre de la oficina de derechos humanos del MIC, Velázquez fue trasladado a la Dirección del Servicio Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE). Respecto a su despido, explicó que fue puesto de manera compulsiva y sin consulta alguna de la nómina de “retiro voluntario” sin ningún preaviso. Su principal preocupación es que tras su retiro forzado quedó sin la cobertura del seguro médico del Instituto de Previsión Social (IPS). A sus 73 años su estado de salud requiere de tratamiento médico.

Ayala Amarilla sostiene que el Estado no puede desentenderse de la responsabilidad que tiene ante las víctimas de la dictadura y que una medida de protección necesaria es mantener el vínculo laboral para garantizar el acceso al servicio de salud. Añadió que el caso no solo atañe a lo estrictamente laboral, sino que la desvinculación tiene implicancias como la denegación del derecho de acceso a la salud y a la vida misma, pues la privación de los cuidados médicos incide directamente en la expectativa de vida del denunciante. “Aquí existe una doble afectación de derechos. Por un lado se falta al deber de protección a las víctimas de la dictadura y, por otro, se deniega el acceso a la salud”, reforzó.

Si bien formalmente la medida se adecua a disposiciones que rigen la función pública como la jubilación obligatoria a los 65 años, el derecho a la salud y a la vida –bienes protegidos por la Constitución Nacional–, deben prevalecer sobre ordenanzas de menor rango a las que la autoridad administrativa apela para justificar la cesantía laboral. Acota que la normativa es inconstitucional y discriminatoria pues, por ejemplo, los ministros de la Corte gozan de un trato diferencial y la edad de retiro está fijada en los 70 años.

Persecuciones y torturas

En su juventud Velázquez activó en el movimiento estudiantil secundario y con apenas 16 años ya vivió la experiencia de ser puesto tras las rejas por su oposición al régimen stronista. Integró la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios (FEDRE), que en 1959 impulsó la multitudinaria protesta contra la suba del pasaje y que fue violentamente reprimida dejando centenares de heridos y detenidos, entre ellos Velázquez. En 1962 fue nuevamente arrestado y sometido a torturas con el fin de arrancarle confesiones sobre las actividades de la oposición e incriminar a sus compañeros.

En 1963 logró escapar de una intervención realizada en su vivienda y se refugió en la Embajada de Brasil. Consiguió un salvoconducto y con el acompañamiento de representantes diplomáticos de Brasil y Argentina fue hasta Clorinda, donde fue secuestrado y llevado a Buenos Aires por agentes de los Servicios de Inteligencia del Estado de Argentina. A instancias de la mediación de Ester Ballestrino, el entonces presidente Arturo Illía ordenó su libertad. Tres años después el mandatario fue depuesto por un golpe cívico-militar.

Desde el exilio Velázquez siguió con su lucha contra el régimen dictatorial ingresando al país clandestinamente unas 25 veces durante los 15 años que vivió en Argentina. Entre los años 1972 y 1979 fue capturado en varias ocasiones pasando temporadas en la Agrupación Especializada, La Técnica y el Departamento de Investigaciones.

Tras la caída de la dictadura, prosiguió su labor en defensa de la democracia y los derechos humanos. Ocupó el cargo de secretario general de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y activó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fundación Joelito Filártiga, entre otras organizaciones.

“Racionalización”

En su último informe de gestión, el presidente Cartes destacó entre sus logros la desvinculación de 1.000 funcionarios con el supuesto fin de racionalizar el gasto público. “El déficit que hoy sufre la gente es consecuencia de la contratación descontrolada de funcionarios públicos para consolidar estructuras políticas electorales, a costa del Estado, el peor vicio de la historia y la principal causa del sufrimiento de los paraguayos”, manifestó en julio de 2016 durante la presentación de su informe ante el Congreso. Sin embargo, existen numerosas denuncias respecto a que las descontrataciones se realizan con criterios políticos para ubicar a elementos del oficialismo en un contexto de prematuro electoralismo con vistas a los comicios generales de abril de 2018. En el transcurso de este año se definiría la viabilidad del plan presidencial de habilitar la reelección por vía de la enmienda.