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Víctimas de la FTC exigen derogación de la ley de militarización

Pobladores y pobladoras del Norte del país denuncian persecución a inocentes.

Organizaciones eclesiales y de la sociedad civil, entre ellas la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), además de comisionados del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), se reunieron con pobladores y pobladoras del Norte del país que fueron víctimas de presuntas actuaciones arbitrarias de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC). El encuentro para levantar las denuncias y escuchar los testimonios se realizó el pasado jueves en la parroquia de la ciudad de Yby Jau, departamento de Concepción.

Las personas que relataron los atropellos que sufrieron tras la modificación de la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, que habilitó a los militares a intervenir en asuntos de seguridad interna sin que el Parlamento declare el estado de excepción, coincidieron en señalar que la situación de la seguridad en la zona no mejoró con la intervención de los militares y que, por el contrario, se encuentran en estado de zozobra permanente. Entre los relatos se presentaron denuncias sobre presuntos casos de “falsos positivos”, es decir personas inocentes ejecutadas por la FTC y a las que se habría plantado elementos como armas o ropas camufladas para presentarlas como integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Aurelia Candia viuda de Ovelar tiene 72 años y es pobladora de Kurusu de Hierro, Concepción. Perdió a dos de sus hijos en setiembre de 2014 y actualmente vive con uno que se recupera de un accidente de tránsito. Los primeros reportes de prensa que reproducían declaraciones de voceros militares referían que miembros del equipo logístico del EPP fueron abatidos momentos antes de mantener un encuentro con integrantes del grupo armado en una zona boscosa. El primer cuestionamiento a la versión oficial fue por qué los militares no aguardaron a que el encuentro se concrete para poder atrapar a los miembros de la banda.

Sin embargo, la historia que cuenta doña Candia es bien distinta. Cuenta que aquella tardecita del 5 de setiembre, hace casi dos años, sus hijos y su nuera fueron a buscar una vaca que andaba extraviada cerca de la chacra. A unos 500 metros de su casa, en una parte cubierta de pastizales, fueron baleados por efectivos de la FTC, que presentaron el episodio como un enfrentamiento. Hermenegildo Ovelar falleció en el lugar mientras que Marcos Ovelar falleció en el hospital de Emergencias Médicas. María Gloria González recibió un impacto de bala en la mandíbula y una vez arrestada fue torturada y acuchillada por los efectivos a bordo de la patrullera. Luego de ser presentada como integrante del EPP, ahora vive en Nueva Fortuna con las secuelas que le provocó el ataque.

Por su parte, Francisca Morales, 34 años, nos cuenta que sus hermanos, Víctor y Gregorio Morales, de 36 y 46 años respectivamente, fueron arrestados el 28 de enero de este año en la colonia Agüerito, departamento de San Pedro. Fueron acusados de formar parte del soporte logístico del EPP y de haber estado “rondando” la zona en que fueron emboscados unos policías, aunque los intervinientes no pudieron precisar si estas personas participaron del ataque.

Los hermanos Morales fueron detenidos de madrugada mientras estaban durmiendo. Entre las “pruebas” encontradas se mencionan teléfonos celulares y documentos varios. Según nos cuenta Francisca, sus hermanos fueron señalados por las autoridades de haber sido “adiestrados” en Colombia, aunque nunca salieron del país, por cruces de llamadas, además de mover “toneladas” de alimentos para el grupo armado.

Actualmente se encuentran recluidos en la cárcel de Concepción y en el proceso que soportan el fiscal Joel Cazal solicitó una prórroga ante la falta de elementos suficientes para sostener la acusación. Francisca solo pide que se cumpla la ley, ya que los jueces, fiscales y efectivos de la FTC involucran a inocentes para justificar su inoperancia y seguir beneficiándose de los millonarios recursos que se destinan del Estado para el supuesto combate al EPP.

“Mis hermanos siempre fueron dirigentes campesinos y ese es su pecado, la lucha social. Siempre estuvieron con los campesinos que luchan por la tierra. Todos luchamos por una sociedad más inclusiva”, afirma.

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