En junio de 2003, en el contexto de una de las manifestaciones del grupo de cedroneros, cerraron pacíficamente la Ruta 3, en Santa Rosa de Aguaray, como medida de presión. En plena conversación entre los manifestantes y el Agente Fiscal a cargo, la Policía Nacional realizó una brutal represión, con lanzamiento de gas lacrimógeno, disparos de arma de fuego y chorros de agua arrojados desde los carros hidrantes.

El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del gobierno en sus inicios. Posteriormente, el Gobierno transfirió la comercialización al sector privado, lo que significó perdidas importantes del precio y la producción. 

Los productores de cedrón se manifestaron en varias oportunidades exigiendo al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos. Tras estas movilizaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometió a pagar un subsidio a los productores. Sin embargo, el pago de este subsidio fue parcial y, los campesinos volvieron a concentrarse en Santa Rosa del Aguaray para establecer un campamento y continuar con las movilizaciones de protesta.

Los policías golpearon con violencia a muchos manifestantes, dispararon indiscriminadamente a quienes huían e ingresaron con violencia en varias casas aledañas, causando destrozos en las mismas y golpeando duramente a quienes lograban atrapar. Los disparos con arma de fuego se realizaron indistintamente con proyectiles de goma y de plomo. Varios manifestantes víctimas de los disparos, refirieron que no recibieron advertencia previa por parte de los agentes que les dispararon, que muchos disparos fueron innecesarios y desproporcionados, produciéndose cuando los manifestantes huían y otros fueron hechos a quemarropa, cuando ya estaban detenidos. 

Entre las personas torturadas, se encontraba, él ya en ese momento, importante dirigente campesino Ernesto Benítez. Un grupo de policías le rodeó y uno de ellos realizó un disparo con un arma de fuego, probablemente con un proyectil de goma, que lo derribó. Al igual que otros detenidos, fue obligado a poner sus manos en la nuca y a acostarse boca abajo en el suelo. Recibió golpes y patadas de parte de militares y policías que también caminaron sobre él. Posteriormente, la policía destrozó y prendió fuego a las pertenencias de los campesinos, incluyendo a dos motocicletas y a un vehículo que era utilizado para acarrear las provisiones.

Fue trasladado a la comisaría donde continuaron los golpes y las humillaciones. Esta no era la primera vez que Ernesto era golpeado por la Policía Nacional, en un incidente anterior había perdido una parte del pulmón por un disparo de arma de fuego. 

El cuerpo de Ernesto, su entereza, su coherencia son los mejores ejemplos de la lucha. La represión del Estado ha dejado marcas imborrables. Pero como Ernesto hay miles de dirigentes campesinos e indígenas, que han sido estigmatizados, torturados e inclusive ejecutados en el proceso de lucha por la tierra y la recuperación de las tierras malhabidas. 

El Estado Paraguayo, lejos de asegurar los derechos campesinos e indígenas, ha desarrollado una maquinaria de represión y criminalización hacia estas comunidades. 

La región donde vive Ernesto Benítez se encuentra militarizada hace 10 años. Sin embargo, Tava Guaraní ha resistido no solo a la expansión del monocultivo y la ganadería, que busca arrasar con las comunidades campesinas e indígenas, sino que ha resistido a la criminalización y torturas que padeció la Zona Norte con la excusa de la seguridad. 

El Estado sin ideas y políticas públicas, lejos de entender que lo que necesitan las comunidades campesinas son tierra, salud y educación, sigue ampliando la estrategia de militarización como estrategia de seguridad. 

La militarización ha demostrado que es sumamente eficaz para “limpiar” el territorio para el afianzamiento de los proyectos extractivos, que no solo no incluyen a las comunidades campesinas e indígenas, sino que las desplazan. Las comunidades que resisten fueron criminalizadas y perseguidas en este proceso. 

Sin embargo, existen ejemplos de lucha importantes como el de Ernesto y el de su comunidad Tava Guaraní, que ante tanta violencia, monocultivo e individualismo, se organizan democráticamente para la lucha colectiva y para brindar alternativas de agroecológicas de producción. 

La respuesta, claramente, no es militar. Es más y mejor educación, reforma agraria, justicia para acabar con la impunidad y políticas públicas que nos incluyan a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. La inversión debe ser en políticas públicas, no en armas. 

Paraguay en los últimos 35 años ha avanzado en materia de prevención de la tortura, pero la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, las torturas en los 35 años de democracia, y las torturas que sufrió Ernesto siguen impunes, solo se han logrado algunas pocas condenas. 

Agradecemos este gesto del Estado Paraguayo, 21 años después, asumiendo la responsabilidad internacional sobre las graves torturas que sufrió Ernesto. 

Agradecemos a Ernesto Benítez por su lucha, por su entereza y por no rendirse nunca, por pelear desde ya hace casi 50 años por un Paraguay más justo, con justicia social para todos y para todas. 

Agradecemos a la comunidad Tava Guaraní por su ejemplo de lucha colectiva y de resistencia. 

Este gesto del Estado Paraguayo será insuficiente si no se implementan efectivamente políticas públicas de prevención de la tortura, si no se implementa el Protocolo de Estambul para la investigación de hechos de torturas, sino se trabaja en la educación de las futuras generaciones de policías para que entiendan lo grave de la utilización de la tortura y las graves secuelas que deja. El Estado Paraguayo debe comprometerse en la lucha contra la impunidad de la tortura. 

El compromiso del Estado debe trascender este acto, esperamos que este sea el inicio de un proceso decidido de lucha contra la tortura, por el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y por el desarrollo de políticas públicas para estas. 

¡Muchas gracias!

Palabras de Cristina Coronel, integrante de la organización Serpaj, en representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). 

Paraguay, junio 24 de 2024