La Codehupy solicitó una serie de medidas al Estado durante una reunión interinstitucional en la que se analizó la situación de la comunidad indígena Hugua Po’i del pueblo Mbya Guaraní. Uno de los principales requerimientos fue que el INDI impulse la demarcación de las tierras ancestrales de la comunidad.
De la reunión -que estuvo presidida por el Ministro del Interior Federico González- participaron representantes de la Fiscalía, de la Policía Nacional, del INDI, del Senado, del Comité de Iglesias, así como abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay. El encuentro tuvo lugar el pasado lunes 7 de marzo en el Ministerio del Interior.
Durante dicha reunión se expuso y analizó el caso de la comunidad indígena Hugua Po’i, ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú. Esta comunidad reivindica como territorio ancestral unas 1.000 hectáreas de las que fueron desalojadas en varias ocasiones. El último desalojo fue en noviembre del 2021.
Ante esta situación, la Codehupy solicitó al INDI que, como institución encargada de velar por los derechos indígenas en Paraguay, impulse un estudio antropológico que permita demarcar las tierras ancestrales de este grupo que con cada desalojo está siendo dispersado, causándose su desaparición en la práctica.
Además, la Codehupy solicitó que el INDI presente una acción judicial para evitar un nuevo desalojo de la comunidad hasta tanto se defina la posesión ancestral del territorio. Recordaron que la Ley 43/89 establece que mientras existan expedientes jurídicos y administrativos, la comunidad no puede ser trasladada. Asimismo, la Constitución Nacional prohíbe la remoción o traslado de una comunidad indígena de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos.
También solicitaron que se trabaje en el reconocimiento de la personería jurídica de la comunidad que ha hecho varios planteamientos formales sobre su reivindicación territorial ante las distintas instituciones.
El Comité de Iglesias apoyó estas propuestas con el objetivo de preservar los derechos de la comunidad.
El Estado paraguayo fue condenado varias veces por violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas, especialmente en lo referido al derecho territorial. Solamente el año pasado una docena de comunidades indígenas fueron desalojadas de manera forzosa, causando el desplazamiento de miles de personas.
La situación de los desalojos forzosos en Paraguay es de suma gravedad y como consecuencia, el próximo 17 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia para tratar el tema. En esa ocasión el Estado tendrá la oportunidad de exponer sobre lo ocurrido.
Desde la Codehupy observan que la audiencia ante la CIDH es una oportunidad para reencausar las acciones hechas y evitar caer en nuevas sanciones para el Estado paraguayo.
Asunción, marzo 9 de 2022
