Con una imputación genérica, que no describe los hechos detallados que se le atribuye a cada persona, la Fiscalía criminaliza a una treintena de campesinos y campesinas de Abaí, Caazapá. Además, la imputación se sostiene principalmente en un título de propiedad “con rueditas” o presuntamente falso. Codehupy solicitó la auditoría del caso.
La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay denunció y solicitó una auditoría a la Inspectoría General del Ministerio Público sobre la causa 454/21 sobre presunta invasión de inmueble ajeno y otros, en el marco de la cual aproximadamente 30 campesinos y campesinas fueron imputados en el distrito de Abaí, Caazapá.
El equipo jurídico de la Codehupy, en calidad de observador del proceso, realizó una revisión técnica del caso y encontró irregularidades:
- Título “con rueditas” o presuntamente falso
El título que utilizó el fiscal Carlos María Mercado Miranda de la Unidad Penal N°. 1 de la Fiscalía de San Juan Nepomuceno de Caazapá, carece de validez ya que el mismo hace referencia a la Finca N°. 5.909, Padrón 7.176 que aparece como título de tierras en tres distritos diferentes de Paraguay.
Las averiguaciones del equipo jurídico de la Codehupy dan cuenta de que el título utilizado en la causa figura como comprobante de tierras en los distritos de San Cristóbal y Domingo Martínez de Irala, ambos de Alto Paraná, pero también fue presentado como supuesto título de tierras en Abaí, Caazapá donde se lleva adelante el proceso penal. Es decir, con dicho título no es posible siquiera determinar el lugar de los supuestos hechos.
- Incumplimiento del debido proceso
De acuerdo a la revisión técnica el caso carece de estándares probatorios mínimos, el fiscal de la causa realizó una imputación genérica, abstracta, que no describe la conducta de cada una de las personas procesadas -requisito establecido en el Código Procesal Penal- y que incluso esto derivó en que la propia Fiscalía General, a través de la Fiscalía Adjunta de Caazapá, haya solicitado el sobreseimiento provisional de algunas de las personas procesadas.
“Tras finalizar la etapa preparatoria y analizados los elementos colectados, se concluye que, en este estado, éstos resultan insuficientes para acusar y solicitar la elevación de la causa a juicio”, señala parte del documento en el que la propia Fiscalía realiza la solicitud mencionada.
A pesar de esto y de que las imputaciones son prácticamente iguales en todos los casos, algunas de las personas procesadas están siendo sometidas a prisión preventiva.
Solicitud de intervención al MNP
Entre las personas que guardan prisión preventiva existe un hombre cuyo defensor comunicó oralmente en la audiencia de imposición de medidas que este requería atención médica debido a una afección ocular.
A pesar de que la salud de las personas recluidas es responsabilidad del Estado, ninguna de las instituciones realizó diligencias para que el afectado acceda a su derecho a la salud. Tal es así que actualmente se encuentra en riesgo de perder la vista en uno de los ojos.
Saturación del sistema
El abogado Walter Isasi, coordinador del equipo jurídico de la Codehupy indicó que preocupa que la Fiscalía, sistemáticamente viole el debido proceso, ya que esto tiene como efecto inmediato la saturación del sistema judicial, especialmente en lo penal, como también la saturación del sistema penitenciario al enviar a la cárcel a personas imputadas sin los requerimientos establecidos en la ley.
