El pasado jueves 30 de junio, las defensoras del medio ambiente de Capiibary, Sonia, Celina y Graciela fueron citadas a una audiencia indagatoria por el fiscal, Nelson Rolón, en la Fiscalía de Yhu, Departamento de Caaguazú, por un supuesto hecho de coacción, denunciado en el 2020 por un sojero de la zona. Acompañadas por el abogado, Walter Isasi y una comitiva de la Codehupy, las mujeres negaron dicha acusación y expresaron las graves consecuencias de las fumigaciones irregulares que se realizan en la zona de Mariscal López, distrito de Capiiibary, y sobre los daños y perjuicios que sufren las familias campesinas.

Una vez más, integrantes de la Coordinadora por la Defensa del Medio Ambiente de Capiibary, -mujeres campesinas, madres, esposas- que protestan en contra de las fumigaciones con agrotóxicos están siendo criminalizadas por el Ministerio Público de manera reiterada y sistemática.

El supuesto hecho de coacción fue denunciado en el año 2020 por un sojero de la zona, en represalia contra las mujeres defensoras, quienes le advirtieron que estaba cometiendo una infracción tras fumigar de manera irregular y sin los permisos pertinentes. Asimismo, las defensoras, realizaron las denuncias correspondientes ante el MADES y a la Policía Nacional, sin embargo, las citadas para una indagatoria, fueron ellas.

La situación socio-ambiental en Capiibary es cada vez más crítica, por lo que, las familias que integran la Coordinadora por la Defensa del Medio Ambiente, pese a la criminalización y persecución del Ministerio Público, se mantienen firmes en su lucha por lograr un ambiente sano en su comunidad, desde hace, aproximadamente 10 años.

Ellas denuncian, que cada vez, es más difícil respirar el aire de la zona, porque respiran veneno, generado por las fumigaciones con agrotóxicos que se realizan a escasos metros de sus hogares, de la escuela y centro de salud. La agricultura campesina se ve fuertemente amenazada, pues, sus cultivos son destruidos, los animales de granja mueren envenenados y sus cauces hídricos están totalmente contaminados.

Esto ocurre en Capiibary, a pesar de que, desde el año 2017 el distrito cuenta con una resolución municipal que prohíbe la fumigación con agrotóxicos y protege la agricultura familiar campesina; que se logró gracias a la lucha realizada por los pobladores y las pobladoras. Sin embargo, dicha normativa es ninguneada por los promotores del agronegocio.

La inacción del Ministerio Público para frenar estas fumigaciones irregulares, atenta contra el derecho a un ambiente sano, el derecho a una buena alimentación, atenta contra la vida misma de las familias campesinas, por lo que sus derechos humanos están siendo violentados de manera inminente.