La comunidad indígena Hugua Po’i del pueblo Mbya Guarani ubicada en Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú, fue desalojada de forma irregular este martes, ya que la orden de desalojo utilizada fue emitida por un juez que no tiene competencia en la causa. Una enorme dotación de policías fuertemente armados y con helicóptero realizaron el desalojo.
Aproximadamente 350 policías con armas de grueso calibre, a cargo del comisario general César Lara, rodearon la comunidad mientras un helicóptero sobrevolaba el lugar. Ante esta situación, todas las personas se ubicaron al costado de la ruta, ya que su integridad física y moral estaba siendo amenazada por agentes del Estado. Se trata del segundo desalojo que sufre la comunidad en menos de un año.
Las y los indígenas Mbya Guaraní reivindican como territorio ancestral unas 1.000 hectáreas en un terreno que es disputado por la empresa sojera Sociedad Civil Tres Palmas que es la promueve acciones para el desalojo de la comunidad. A pesar de que actualmente la causa está en cámara de apelaciones, sin juez asignado, la Policía y el oficial de Justicia llevaron a cabo la acción.
El propio Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), promovió una medida cautelar en defensa de la comunidad, para evitar un desalojo forzoso en tanto se resuelva el fondo de la cuestión. En esa línea la Codehupy realizó numerosas acciones jurídicas y administrativas ante distintos estamentos para solicitar que el Estado realice los estudios técnicos que permitan la delimitación del territorio ancestral del pueblo indígena en cuestión para después proceder a la recuperación y restitución por las vías que correspondan.
También acompañó el desalojo el intendente de Raúl Arsenio Oviedo, Antonio Solís Godoy (ANR), quien semanas atrás estuvo en una reunión interinstitucional respecto a la situación de la comunidad.
Miembros del equipo jurídico de Codehupy y Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco acompañaron a la comunidad ante el procedimiento policial. Las acciones ya promovidas en defensa de la comunidad indígena seguirán impulsándose desde la Codehupy, así como nuevas presentaciones con el objetivo de que el Estado garantice los derechos de los pueblos indígenas a la luz de la normativa nacional e internacional que los ampara.
PÉRDIDAS DE CASAS Y CULTIVOS
Apenas se materializó el desalojo, particulares ingresaron al terreno con tractores y camionetas, echaron abajo las viviendas de la comunidad, se apropiaron de los materiales y destruyeron los cultivos. Miembros de la comunidad trataron de salvar algunas de sus pertenencias y parte de lo que habían plantado, pero la mayor parte la dieron por perdida.
