Hace 21 años que Eulalio Blanco fue ejecutado por la Policía Nacional cuando estaba ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación.
El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del gobierno en sus inicios. Posteriormente, el gobierno transfirió la comercialización al sector privado, lo que significó perdidas importantes del precio y la producción.
Los productores de cedrón se manifestaron en varias oportunidades exigiendo al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos. Tras estas movilizaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometió a pagar un subsidio a los productores. Sin embargo, el pago de este subsidio fue parcial y, los campesinos volvieron a concentrarse en Santa Rosa del Aguaray para establecer un campamento y continuar con las movilizaciones de protesta.
En junio de 2003, en el contexto de una de las manifestaciones del grupo de cedroneros, cerraron pacíficamente la Ruta 3, en Santa Rosa de Aguaray, como medida de presión. En plena conversación entre los manifestantes y el Agente Fiscal a cargo, la Policía Nacional realizó una brutal represión, con lanzamiento de gas lacrimógeno, disparos de arma de fuego y chorros de agua arrojados desde los carros hidrantes.
Los policías golpearon con violencia a muchos manifestantes, dispararon indiscriminadamente a quienes huían e ingresaron con violencia en varias casas aledañas, causando destrozos en las mismas y golpeando duramente a quienes lograban atrapar. Los disparos con arma de fuego se realizaron indistintamente con proyectiles de goma y de plomo. Varios manifestantes víctimas de los disparos, refirieron que no recibieron advertencia previa por parte de los agentes que les dispararon, que muchos disparos fueron innecesarios y desproporcionados, produciéndose cuando los manifestantes huían y otros fueron hechos a quemarropa, cuando ya estaban detenidos.
Ernesto Benítez fue una de las víctimas de las torturas de los Policías Nacional.
Eulalio Blanco es uno de los 115 campesinos ejecutados en el proceso de la lucha por la tierra y la recuperación de las tierras malhabidas registrados en el Informe Chokokue de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay entre 1989 y 2013. A la fecha de hoy, la cantidad asciende al menos a 128 campesinos.
En estos 35 años de Democracia, las comunidades campesinas e indígenas son las únicas que efectivamente han recuperado tierras malhabidas, de la mal llamada Reforma Agraria. Las comunidades campesinas e indígenas han hecho mucho más que el Estado Paraguayo para avanzar en la Reforma Agraria.
La Dictadura, no solo torturo, secuestro y desapareció a miles de compatriotas que luchaban por un Paraguay diferente, sino que dilapido los bienes y las tierras del Estado que estaban destinadas a la Reforma Agraria.
35 años después de la caída de la Dictadura, las deudas del Estado con las comunidades campesinas e indígenas no solo no han sido atendidas, sino que se han profundizado y el Estado ha perfeccionado la maquinaria de represión de la lucha social y el ejercicio del derecho a la manifestación.
Queremos nosotros también rendir un sentido homenaje a Eulalio Blanco y a su familia, por la entereza y claridad en la lucha, y muy especialmente a su familia, en el nombre de Agripino, por la constancia, fortaleza y la demostración de que la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Asimismo, agradecemos al Estado Paraguayo por asumir su responsabilidad internacional por la EJECUCIÓN ARBITRARIA de EULALIO BLANCO, en manos de la Policía Nacional.
Sin embargo, 21 años después de aquel fatídico hecho, este acto sería sumamente insuficiente si no se realizan medidas efectivas para prevenir y sancionar las ejecuciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, sino se implementa efectivamente el Protocolo de Minnesota para la investigación de estos hechos, sino se avanza hacia la protección de las personas defensoras de derechos humanos y se garantiza la libertad de expresión, el derecho a la manifestación y a la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas que implementen efectivamente una Reforma Agraria que garantice el acceso a la tierra a las comunidades campesinas, la recuperación de tierras para las comunidades indígenas y los derechos de la madre tierra.
De vuelta agradecemos el reconocimiento del Estado con relación a esta grave violación de los derechos humanos, pero le instamos a desarrollar efectivas medidas para prevenir y sancionar este tipo de hechos.
¡Muchas gracias!
Palabras de Cristina Coronel, integrante de la organización Serpaj, en representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy).
Paraguay, junio 24 de 2024
