En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Plataforma por el Derecho a la Salud en Paraguay denunció la crisis que atraviesa el sistema público de salud en el país. Esta audiencia, la primera en su tipo para Paraguay en relación con el derecho a la salud, reunió a varias organizaciones de la sociedad civil para exponer las dificultades enfrentadas por la población.

Durante la audiencia, los testimonios presentados destacaron varios problemas estructurales del sistema de salud paraguayo, incluyendo la falta de medicamentos, recursos y la insuficiencia de infraestructura sanitaria. Mariluz Martín de ALAMES Paraguay señaló: “El sistema público de salud paraguayo está saturado. Frecuentemente, faltan medicamentos y personal suficiente. Los tiempos de espera son largos. La saturación del sistema cuesta vidas”.

Por otra parte, en relación con los déficits de financiamiento, Diego Valdez, de Amnistía Internacional, mencionó que “Paraguay se encuentra entre los países que menos gastan en salud pública por persona y como porcentaje del PIB”.

El Estado señaló que el derecho a la salud tiene un reconocimiento constitucional y presentó las acciones realizadas desde la cartera de Salud en los primeros días de gobierno. Sin embargo, la intervención del Estado no dio cuenta de los grandes desafíos en materia de acceso y sostenibilidad financiera del sistema de salud pública. Tampoco presentó propuestas concretas encaminadas a reducir el gasto de bolsillo en salud. Se manifestaron, no obstante, abiertos a seguir el diálogo a través de mesas técnicas.

 La Plataforma presentó un informe detallado que incluyó un petitorio a la CIDH, el cual es el que sigue: 

• Exhorte al Estado Paraguayo a que en el ciclo presupuestario de 2025 destine el 6% del PIB a la salud; y que al menos la tercera parte de la inversión pública en esta materia se destine específicamente al fortalecimiento de la estrategia de atención primaria a la salud y a las Unidades de Salud Familiar como su elemento primordial.

• Inste al Estado paraguayo a iniciar un proceso de amplio debate sobre sistema de salud en Paraguay, que derive en una gran asamblea nacional de salud.

• Emita un pronunciamiento sobre la situación del derecho a la salud en la región, incluyendo la obligación de los Estados de combatir todas las brechas de acceso a los sistemas de salud, incluyendo la discriminación contra personas LGBTIQ+, pueblos originarios y personas que viven con VIH, así como de asegurar la garantía de los derechos humanos que fungen como determinantes sociales de la salud, a saber, la alimentación, el trabajo, la protección social, la vivienda, entre otros. 

• Adopte una resolución sobre política fiscal y derechos humanos en la que amplíe los estándares internacionales y las obligaciones de los Estados con relación a asegurar la maximización de recursos disponibles para la garantía de derechos humanos y el combate de las desigualdades. 

• Ponga a disposición del Estado paraguayo los mecanismos de asistencia técnica a su alcance en materia de derechos humanos y de coordinación con otros organismos internacionales de derechos humanos y de salud para el fortalecimiento del sistema público sanitario.

La CIDH, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los derechos humanos en el continente, escuchó atentamente los informes y testimonios presentados. Al finalizar la audiencia, Javier Palummo, Relator Especial DESCA de la CIDH, señaló: “Ha sido una audiencia muy interesante y productiva. El aspecto más crítico que amerita una continuidad de este diálogo tiene relación al financiamiento de la salud publica a través de su política tributaria y el fortalecimiento de su sistema de seguridad social”.

La audiencia fue seguida por diversas organizaciones sociales, entre cuáles se encuentran quienes sufren de manera aún más pronunciada la carencia de un sistema público que garantice el derecho a la salud, como son los indígenas y el colectivo LGTBI.

Antecedentes y Contexto:

Desde 2020, la Plataforma por el Derecho a la Salud en Paraguay, que incluye a organizaciones como Codehupy, Amnistía Internacional Paraguay, ALAMES, Fundación Vencer, Red de ONGs de VIH Paraguay y Heñoi, ha trabajado incansablemente para que el Estado reconozca y remedie esta deuda histórica con la salud pública. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas deficiencias, revelando la urgencia de medidas inmediatas para garantizar el acceso equitativo y universal a la salud. 

La CIDH, reconociendo la gravedad de la situación, convocó esta audiencia para recibir información detallada sobre las violaciones al derecho a la salud en Paraguay. 

Información adicional:

• Paraguay es uno de los países más caros del mundo para enfermarse.
• Paraguay se encuentra entre los Estados que menos invierten en salud por persona y como porcentaje del PIB.
• En Paraguay, cuatro de cada diez dólares que se gastan en salud provienen del bolsillo de las familias.

• Existen apenas 930 Unidades de Salud de la Familia (USF) operativas de las 1800 que se necesitan para cubrir a toda la población.

Para más información o pautar entrevistas:

Soledad Aquino, Responsable de Comunicación – Codehupy 

0971 365 000

Jorge Flores, Oficial de Comunicación – Amnistía Internacional

0982 333 496