Relatoras Especiales de las Naciones Unidas han comunicado al gobierno de Paraguay su preocupación sobre la posible aprobación del Proyecto de Ley de Control a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL).

Gina Romero, Relatora Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación; Irene Khan, Relatora Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión; y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, han expresado en una carta oficial los puntos clave que preocupan a las Naciones Unidas en caso de que esta ley sea implementada en Paraguay.

En primer lugar, la ley podría restringir el derecho de asociación en el país. La definición amplia y ambigua de las OSFL, junto con conceptos indefinidos como ‘bien común’ y ‘utilidad pública’, podría permitir una aplicación discrecional de la ley. El registro obligatorio adicional y los requisitos detallados sobre el uso y destino de fondos imponen una carga considerable, especialmente a las organizaciones de base y a las informales, lo que podría desalentar la formación de nuevas asociaciones y la participación en el sector. Además, el Proyecto de Ley prohíbe las relaciones contractuales con entidades no inscritas y afecta la autonomía de organizaciones en el uso de sus fondos.

El régimen de sanciones propuesto, tanto institucional como personal, parece excesivo y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos, además de potencialmente incompatible con normas internas como el Código Civil. Las sanciones severas para las organizaciones y su personal pueden llevar a un entorno persecutorio y al aislamiento del sector, perjudicando su sostenibilidad.

Las Relatoras Especiales recuerdan al gobierno de Santiago Peña que los Estados tienen la responsabilidad primordial de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Esto incluye adoptar las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas y políticas que permitan a toda persona disfrutar de esos derechos y libertades.

Finalmente, instan al Gobierno a reexaminar el proyecto de ley en un marco de discusión pública, plural y multisectorial que incluya a los actores de la sociedad civil directamente afectados. Proponen considerar la adopción de un nuevo marco legal que facilite el desarrollo de las actividades de estas organizaciones, en un contexto de transparencia y legalidad, valorando su aporte a la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho y el sistema democrático.

Comunicación enviada a Santiago Peña, Presidente de la República del Paraguay.