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El pasado lunes 5 de agosto, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y la Defensoría del Pueblo de la República del Paraguay firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, cuyo objetivo es promover una colaboración efectiva para la defensa y promoción de los derechos humanos en el país.

Este acuerdo, con una vigencia inicial de tres años y posibilidad de renovación automática, tiene como objetivo principal garantizar una fluida participación y cooperación interinstitucional, reconociendo la importancia de unir esfuerzos para alcanzar objetivos comunes en la protección de los derechos humanos y la memoria democrática en Paraguay. La firma de este convenio permitirá la implementación de actividades conjuntas en áreas clave como la promoción de emprendimientos académicos y científicos, la capacitación de autoridades y servidores públicos en todos los niveles de gobierno, y la creación de espacios de diálogo interinstitucional e intersectorial.

La Codehupy, en el marco de sus ejes de acción, ha iniciado desde enero de 2024 el proyecto “Memoria democrática, archivos y sitios de la resistencia y los derechos humanos en Paraguay”, financiado por el Programa de Democracia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este proyecto, desarrollado en coordinación con el Centro Cultural de España Juan de Salazar, busca rescatar y preservar la memoria histórica de Paraguay, así como fortalecer la institucionalidad democrática en el país.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, como institución autónoma encargada de velar por los derechos humanos y canalizar los reclamos populares, reafirma su misión de proteger los intereses comunitarios y garantizar que los abusos cometidos por el Estado o entidades privadas sean debidamente atendidos.

Las actividades previstas en el marco de este convenio incluirán la elaboración de documentos de trabajo, la creación de materiales y la organización de capacitaciones y entrenamientos dirigidos a una amplia gama de actores, desde autoridades gubernamentales hasta miembros de la sociedad civil.

Este convenio representa un paso significativo hacia la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos, uniendo esfuerzos entre instituciones clave para enfrentar los desafíos actuales en Paraguay.

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